Los funcionarios de Justicia de Castilla y León salen desde este lunes a la calle de manera indefinida para mostrar su "disgusto y enfado", así como reclamar un trato "equitativo y justo"; en definitiva, piden la "paralización" de la nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO). Una manifestación, convocada por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ, en la que están citados casi 3.000 castellanos y leoneses que pedían mediante sus pancartas una "negociación previa, funciones definidas, retribuciones justas y regulación de la carrera profesional".

En este tiempo habrá paros parciales desde las 10:00 hasta las 13:00 horas con el fin de reclamar un "reconocimiento legal y retributivo" del trabajo que realizan. Además de una subida de salarios de forma "digna". Esta se complementará con una huelga general el próximo 19 en Madrid. Una manifestación que irá desde el Ministerio de Justicia hasta el Ministerio de Función Pública.

"Exigimos que se retribuya adecuadamente el trabajo que hacen los cuerpos generales dentro de los órganos judiciales, una carta de realidad de lo que pasa en el día a día y muchas veces es desconocido", exigía Juanjo Bandiella, el responsable autonómico del sector de Justicia de CSIF.

Afirmaba en las declaraciones previas al comienzo de la movilización que no pueden "tolerar ni consentir" que el Ministerio tenga "funcionarios de primera y de segunda". Asimismo, matizaba que con el reciente acuerdo alcanzado con los letrados, desde el Ministerio han dado "luz verde a una injusticia de tamaño manifiesto" a causa de reconocer las retribuciones a quienes "no corresponden". Cabe recordar que estos cobrarán hasta 5.500 euros al año por funciones que "no realizan".

En esta reivindicación también piden que se produzca una "negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) ya que, según ha expresado, la última huelga de letrados ha puesto sobre la palestra que la justicia "no puede funcionar" sin tener en cuenta a este sector.

Finalmente, Bandiella incidía en que el Ministerio ha puesto de manifiesto las "diferencias" entre funcionarios estableciendo una resolución en los servicios mínimos que es "injusta, excesiva" y provoca que "no se pueda establecer el derecho a huelga". 

Desde el sindicato de trabajadores de la Administración de Justicia, Mario Bravo, ha argumentado que esta ley supone un "cambio sustancial" en las condiciones de los trabajadores. Lamenta que "no ha habido negociación" con los representantes sindicales que son quienes "deben estar en las mesas".

Finalmente, el delegado de la Unión General de Trabajadores, Pablo Tapia, se ha sumado a las declaraciones de sus compañeros pidiendo que se "adecuen y definan" correctamente las funciones. También ha manifestado que desde UGT llevan "mucho tiempo" exigiendo otras mejoras como, por ejemplo, "el mal funcionamiento de las aplicaciones informáticas".

Pese a que esta manifestación es indefinida han puesto calma en la ciudadanía garantizando que la justicia continuará en curso y no habrá colapsos: "Hay unos servicios mínimos establecidos que se van a respetar escrupulosamente".