El personal laboral de Justicia exige "retribuciones justas y funcionarización" y lamenta que son los "peores tratados"

El personal laboral de Justicia se unía hace unas semanas a las reivindicaciones del sector. Un colectivo que dice ser "invisible" y que también exige unas mejoras salariales. La Justicia de Castilla y León se tambalea puesto que los funcionarios también están en huelga indefinida desde hace ya más de un mes. Una situación que no deja de complicar los trámites y por la que ya se está señalando para verano de 2024.

Ahora, también es el personal laboral quien ha decidido unirse a estas concentraciones que se "alargarán hasta donde allá que alargar", así lo confirmaba la representante de CCOO en la mesa ministerial y miembro del comité de huelga, Eva Carretero. Este jueves es el tercer día unas reivindicaciones que definen "concretas y justas" puesto que son el "personal peor tratado" de la administración. 

Por otro lado, también han reclamado la "funcionarización" para que les puedan dar unas "retribuciones justas y acordes" al trabajo que realizan. Ahora, forman parte de un convenio único de la Administración General del Estado, que en 40 años no los "ha representado" y del que no quieren "formar parte". 

Una huelga que está siendo apoyada por todo el personal laboral, es decir, los equipos técnicos que intervienen en los juzgados de menores y en el ámbito civil y penal. Dentro del civil se encargan de emitir los informes de las custodias cuando los padres están en conflicto y el juez tiene que dirimir. "Nos pide asesoramiento a los equipos y nosotros miramos los intereses del menor. Nuestro trabajo es el más parcial", afirma.

Carretero asegura que en la provincia hay mucha carga de trabajo y que lo que hacen ahora son con convenios de "importante dotación". Pero ellos piden que no sea así y se creen "más equipos técnicos". Dentro del ámbito penal, aseguran que realizan procedimientos "importantes" y, por ello, necesitan "el mismo reconocimiento retributivo".

Sobre el salario, afirma que, por ejemplo, un gestor cobra 800 euros al mes más que un trabajador social o forense. Y que sus trienios oscilar en 25 euros mientras que los de los funcionarios son de 50-60. 

Una huelga que, por ahora, no tiene fin. Aunque sí hay un halo de esperanza dado que el 22 están convocados por la subcomisión de Justicia pero "no va a estar función pública que es quien da el visto bueno". Por tanto, el 22 se reunirán y está previsto que las movilizaciones continúen 6 y 7.