Las oficinas 'antiokupación' de la Junta de Castilla y León registraron siete consultas presenciales en su primer mes de funcionamiento y 34 en total contando llamadas y gestiones web desde su puesta en marcha hace un mes. Unos números que para algunos, como para el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, es una cifra irrisoria, pero que para el Ejecutivo autonómico es un síntoma de que ha merecido la pena. Así, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la puesta en marcha pues además de asesorar, también sirven para “disuadir” este tipo de delitos, dado que ayudan a evitar a las personas que se plantean ocupar una vivienda de forma ilegal.

A Carriedo los datos no le importan, y se basa en que medida forma parte de una “política integral” en materia de vivienda que ha situado a Castilla y León al frente de las comunidades donde es más fácil el acceso a la vivienda, ya que “hay tranquilidad” en el mercado del alquiler, algo que permite que la oferta sea mayor, también hizo referencia a las ayudas al alquiler y a la compra que la Junta tiene puestas en marcha. Para rematar con un “al contrario que otros, la Junta apoya a los que sufren la ocupación”.