La ocupación de viviendas privadas es un “fenómeno que preocupa y que provoca alerta social”, así lo ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha firmado con el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, un convenio para la implantación de oficinas de información antiocupación en Castilla y León.

Y es que los datos dicen que hay un incremento de denuncias tanto en usurpación de morada como en allanamiento. Según el consejero, en España en 2016 a 2022, se ha pasado de unos 9.000 casos a 17.000, mientras que en Castilla y León se han contabilizado 125 casos en 2016, que han pasado a 205 en 2021, lo que supone una “senda creciente de preocupación”. No se tienen datos más actualizados, pero está claro que viendo las últimas noticias y la evolución, esta cifra ha aumentado considerablemente. Por eso se crea esta oficina en todas las provincias de la Comunidad para "facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y las actuaciones posteriores, incluso legales".

La puerta de entrada para esta oficina será el 012, que posteriormente derivará a los especialistas de las Cámaras de la Propiedad Urbana. Tras recibir este requerimiento a través de personal especializado, que dará información precisa, entre ello la posibilidad de poder denunciar la situación y los trámites legales. “Se dará asesoramiento e incluso lo que hay que hacer si desea denunciar”, ha afirmado el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino. La información estará también disponible en la web de la Junta.

El convenio es a cuatro años y entrará a vigor a partir de este lunes día 22 de mayo, donde los ciudadanos ya podrán realizar las llamadas para asesorarse. Suárez-Quiñones ha recordado que la Junta ya viene prestando información, al igual que la Cámara, pero ante esta “alarma social” ahora se ha querido hacer este convenio que supone compartir información, recoger datos para posteriormente realizar actuaciones públicas. “Van a estar apoyados también de forma real”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, ha asegurado que desde su entidad están “preparados para evitar que en Castilla y León se pueda replicar el caos que están sufriendo otras comunidades autónomas, con barrios enteros okupados”

Así se trabaja

Así, el convenio recoge también la puesta a disposición del teléfono 012, de Atención al Ciudadano de la Junta, como canal de acceso a los ciudadanos afectados por esta problemática, que, coordinando con las sedes provinciales de las distintas sedes de las Cámaras de la Propiedad Urbana para la gestión del requerimiento de información y ayuda.

Para ello, el personal de las Cámaras atenderá de forma efectiva la consulta, recibirá la información especializada que permite dar máxima información posible y gestionar la llamada con eficacia.