Entramos a la parcela de la discordia en Arroyo de la Encomienda. En la urbanización llamada ‘Arroyovereda’. Lo hacemos por Narciso Monturiol. Damos unos pasos. A la izquierda, los columpios, intactos. Vemos desde lo alto la piscina. También parece bien conservada, como la pista de pádel, a la derecha. Nos adentramos en el portal número 2. Los buzones no parece que tengan tampoco ningún tipo de desperfecto. Todo está limpio. Subimos a la segunda planta y Ricardo, que se puso en contacto con EL ESPAÑOL de Castilla y León la pasada semana, para “intentar que se sepa la verdad” abre la puerta del domicilio en el que vive. Nos ofrece una cerveza, una Coca-Cola, agua. Justo antes de empezar a hablar de una situación “incómoda” para él. También para Lidia, que se suma a la conversación.

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Hace unos días estallaba el conflicto en Arroyo de la Encomienda. Concretamente en la parcela de 14 portales que lleva el nombre de ‘Arroyovereda’. En Las Lomas. Entre las calles Arturo Duperier y Narciso Monturiol. Una vecina, también en declaraciones a este periódico, denunciaba la okupación ilegal de un total de 85 viviendas. Concretamente las de los portales pares que van del 2 al 12 de Narciso Monturiol. “Hay muchos enfrentamientos. Es una guerra continúa”, afirmaba esta persona que prefería mantenerse en el anonimato por “miedo a represalias”.

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Ricardo y Lidia nos cuentan su versión de los hechos tras una polémica que ha aparecido en todos los medios de comunicación. Incluso a nivel nacional. Ahora, esperan la acción del Sareb que el pasado 21 de abril se adjudicó por subasta pública un total de 89 viviendas, 101 garajes y 77 trasteros de la finca de Narciso Monturiol. Inmuebles, a la espera de ser inscritas en el registro con la nueva titularidad. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria analizará, uno a uno cada caso en el que se ha definido ya como nido okupa de Arroyo.

El inicio de todo

Ricardo Páramo Duque tiene 66 años. Lleva cinco viviendo en ‘Arroyovereda’, desde el 2018. Concretamente en el número 2 de Narciso Monturiol. Está jubilado. Lidia Vázquez Vicente es mucho más joven. Tiene 24 primaveras y suma cuatro en el número 10 de la misma vía. Vivían tan tranquilos, en una zona muy bien valorada hace unos años, hasta que todo cambió, de repente.

“En 2018 me hacen el primer contrato de alquiler, de arrendamiento. Al entrar a vivir. Fue el 1 de febrero. A los tres años  el contrato prescribe. Hacemos otro nuevo con un cambio de persona física como arrendadora. Fue el 1 de febrero del 2021. De la noche a la mañana, en julio de 2021, vemos un folio en el ascensor a nombre de una tal Doña Carmen, que se identificaba como la gestora de la finca que dice: “Todo aquel que no nos pague a nosotros, que asuma sus consecuencias. Al mes de esto, conocemos que a esta persona la detienen por una presunta estafa y dejamos de pagar”, explica Ricardo.

El varón lo hace en julio. Lidia, en agosto. Todo tras asesorarse, por medio de abogados, de la situación. Tras no encontrar una solución y después de una reunión en la que participaron 26 inquilinos deciden que no van a pagar hasta que “se resuelva la situación”.

“A nosotros no nos llegó ningún documento informando de que teníamos un nuevo administrador. No pagamos el alquiler por miedo a ser estafados. Sin embargo, me gustaría recalcar que sí que hemos abonado, religiosamente, todas las cuotas de la comunidad para los servicios de mantenimiento, ascensores, limpieza, piscina o pista de pádel”, añade Lidia.

Ricardo lo secunda: “Desde el año 2018 no debo ni un recibo de la comunidad”. Añade que las manifestaciones de los propietarios de que todos los desperfectos ocasionados por los okupas tienen que asumirlo en forma de gastos ellos “es mentira” porque él “lo paga también”.

Añade, además, que la subida de la cuota, en lo que a la comunidad se refiere, a la que hacen mención estos propietarios se debe a la “derrama de unas obras que se han llevado a cabo por unas filtraciones de agua en el garaje”.

Sobre los okupas y la conflictividad en el lugar

“Aquí no ha habido peleas, navajazos ni esto es un infierno ni está todo destrozado. Lo único que buscamos es que todo el mundo conozca la verdad. Es cierto que hay vecinos que no conozco, pero nunca he presenciado nada raro, ni tenemos problemas de narcotráfico o de convivencia. Nadie da la cara ante los medios cuando afirman todo esto. Nosotros sí lo hacemos”, afirma Ricardo enérgicamente, hablando de la conflictividad en el lugar que ha saltado a los medios en las últimas fechas.

Nuestro entrevistado apunta, directamente, a los propietarios. “Les molesta que vivamos aquí porque somos, para ellos, ciudadanos de segunda al nosotros estar en alquiler”. Lidia añade que “tiene que aguantar malas miradas cuando baja a la piscina”, a pesar de que ella, añade, “paga mes a mes su cuota de comunidad”.

Ambos están molestos con esta situación de “tirantez” con los propietarios de los pisos de la parcela. “Vemos muy mal la situación en la que nos encontramos. Nos están tratando como okupas. Se habla de que hay 85 casas que están okupadas. ¿Dónde están? Una cosa es que estemos de alquiler y otra, muy diferente, que seamos okupas”, añade enfadado Ricardo.

Ambos buscan la solución para poder pagar sus alquileres a un administrador fiable y que se acaben los problemas en el lugar.

Esperando la llamada del Sareb

“Con el Sareb creemos que no va a haber problema. Ha habido un vacío legal. Hemos estado viviendo en el limbo. Sin saber a quién pagar o si nos iban a engañar. No queremos que nadie nos ponga papeles en el ascensor, sino que venga una persona y nos haga un contrato como Dios manda. No tengo problema en enseñar mis contratos a nadie”, afirma Ricardo. Lidia añade que “cuanto antes vengan a decirnos a quién tenemos que pagar, mejor”.

Así pues, nuestros entrevistados esperan que el Sareb mueva ficha. El 21 de abril se adjudicaron por subasta pública los inmuebles: 89 viviendas, 101 garajes y 77 trasteros de Narciso Monturiol. Lo que ocurre ahora es que se encuentran en fase de inscripción, como tiene que hacer cualquier persona a la hora de hacerse con una propiedad.

Una vez esto se geste, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria analizará, caso a caso, la situación en la parcela de la polémica. Todo para echar, abriendo proceso judicial, a los okupas. Para formalizar un alquiler regular por otra parte o para saber la situación de cada uno con el fin de conocer si son personas vulnerables, y por eso no han pagado y poner, así, solución.

Una solución que esperemos llegue pronto para resolver un conflicto que ha dado la vuelta a todo el país.