El decreto de Concordia y el proyecto de Ley de Violencia Intrafamiliar, proyectos más polémicos en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, siguen sin dar pasos adelantes. Aunque el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido hoy que siguen su curso de alegaciones en información pública para la recepción de sugerencias y alegaciones, lo cierto es que el plazo terminó el pasado mes de agosto de 2022, algo que era del desconocimiento del portavoz al ser preguntado por una periodista.

Un año después, se sigue sin saber nada de este tema que originó los principales puntos de distancia entre ambas formaciones. Vox lo puso como requisito para poder llegar a un acuerdo y hace unos meses llegó a insinuar que si no se ponía en marcha era porque los tiempos se marcaban desde Génova.

Carriedo ha vuelto a incidir en que prefiere “hacer dos buenas leyes desde el diálogo y con el conjunto de la sociedad”, que hacerlo con prisas. Ahora bien, para ninguna hay todavía plazos. “Queremos que sean dos buenas leyes, que tengan en cuenta a todas las personas y colectivos, más que sean rápidas”, ha insistido, mientras tanto, las dos leyes siguen en el cajón, en este caso de las alegaciones, aunque su plazo haya finalizado como se puede comprobar en la web de Gobierno Abierto de la Junta. "El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 14:00 horas del 31 de agosto de 2022", afirma el texto. En este caso, se puede comprobar algunas alegaciones, la mayoría en contra de esta ley.

Sobre la Ley de Violencia Intrafamiliar, en concreto, Carriedo ha señalado que todavía “se podrían admitir algunas sugerencias que serían recibidas”. Aunque ha tenido que ser la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, también presente en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, la que saliera a echarle un capote. Así, recordó que se abrió el plazo para informar a la sociedad de que se iniciaba la tramitación de la ley “para plantear enfoques sobre hacia dónde se quiere ir con la ley”, pero posteriormente hay que “elaborar un texto, que se empezó a trabajar en 2020 en distintos grupos de trabajo, no solo a través de la web”. “En un texto lo difícil es enfrenarse a un papel en blanco. Estamos en un proceso de elaboración de ese primer borrador, teniendo en cuenta las aportaciones y las diferentes reuniones con colectivos, técnicos, etc”.