El Palacio de Justicia de Burgos acogía en la mañana de este viernes el solemne acto de apertura del año judicial en Castilla y León. Allí, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, José Luis Concepción, quiso dar su punto de vista sobre uno de los temas de actualidad más candentes, la amnistía de los independentistas procesados. El máximo representante del órgano judicial ha señalado que supone un "desprecio" a la justicia por "atribuir a una persona huida de ella la condición de interlocutor político principal" convirtiéndole en un "árbitro de los destinos de España".
Es así como Concepción se ha mostrado contrario al "Derecho de Gracia" porque, en su opinión, es una "reminiscencia" de las monarquías absolutas y se "compadece mal con un Estado moderno como el nuestro". Además, ante la manifestación de ese derecho, en el que se usan "figuras no previstas en nuestra norma suprema", la oposición ha de ser "tajante y contundente".
Precisamente, ha matizado que el único Derecho de Gracia previsto en la Constitución "es el indulto", el cual "no puede revestir la forma de indulto general al estar expresamente proscrito", ya que "atenta contra la exclusividad de la función jurisdiccional que ejercen jueces y magistrados y contra el Principio de Igualdad Ante la Ley".
En esta misma línea, ha recalcado que la amnistía es una "manifestación suprema del Derecho de Gracia" que elimina, además de "algunas de las consecuencias del delito, como hace el indulto", la propia "existencia del mismo". Por eso, ha alertado de que de "dar entender" a los "sediciosos" que tenían derecho a hacerlo supondría "propinarle un golpe mortal al Estado de derecho".
Ha denunciado que sería "bendecir las conductas ejecutadas con el propósito de destruir España", además de "atentar" contra la Constitución y reconocer que la respuesta penal dada fue "injusta".
En el acto han estado presentes alrededor de 150 personas y el presidente del TSJCyL ha apostado por la "unión y el consenso" de todas las fuerzas constitucionales para lograr un "gran Pacto de Estado sobre la Justicia" que ayude a la "renovación de las instituciones", además de una "ambiciosa y definitiva" modernización de los medios con los que opera.
Además, ha hablado de la ralentización de los tiempos de respuesta en los órganos judiciales de Castilla y León, que han ido "perdiendo" la "excelencia" que antiguamente les "caracterizaba".
Concepción ha querido poner énfasis en este asunto aclarando que las dos huelgas y la pandemia durante los primeros cinco meses de 2023 ha determinado la "paralización de la actividad judicial" y, en un lugar donde la respuesta se "acomodaba a los plazos legales" ha solicitado unos "ambiciosos planes de refuerzo".