El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado la demanda interpuesta por CCOO, UGT y Yolanda Díaz contra la Orden del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, del pasado mes de abril, a través de la cual reducía la financiación de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) desde los 900.000 a los 400.000 euros. Según su sentencia de 3 de noviembre de 2023, ha declarado, a instancia de los Servicios Jurídicos autonómicos, la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar los actos administrativos dictados por la Junta en la financiación de la actividad del Serla. Este sistema tiene la consideración de fundación pública de la Comunidad y por ello la Administración autonómica es la única entidad que financia su actividad. 

Los sindicatos interpusieron una denuncia solicitando la anulación de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Casilla y León, a través de la cual se concedió una subvención de 400.000 euros a la Fundación Serla, sujeta a determinadas condiciones y requisitos.

Ellos entendieron que la aportación dineraria concedida era insuficiente y que la Orden impugnada había sido dictada por la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias en materia laboral y sindical, por lo que decidieron emprender acciones legales interponiendo dicha demanda ante el orden jurisdiccional social, es decir, ante los órganos instituidos por el Estado para el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo.

En este procedimiento judicial también se personó el Ministerio de Trabajo y Economía Social, manteniendo en la vista celebrada los mismos argumentos que los sindicatos demandantes.

Sin embargo, tal y como habían solicitado los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también ha declarado en la sentencia la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Una conclusión a la que, según han dado a conocer desde la Junta, la Sala de lo Social de Valladolid ha llegado al considerar que el acto administrativo de financiación de la Fundación del Serla no deriva de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta de Castilla y León y que está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria.

La reacción de CCOO y UGT 

Tras conocerse la resolución, CCOO y UGT han enviado un comunicado conjunto en el que han denunciado que el TSJCyL "no ha entrado al fondo de la demanda" y que, por ello, "tendremos que seguir esperando durante al menos dos años una sentencia que determine si la Junta actuó de manera ilegal en relación al Serla". 

En palabras de los representantes de ambos sindicatos en Castilla y León, esta situación supone la continuación de la incertidumbre en lo referente a la resolución de conflictos laborales, "además de un grave perjuicio para las personas trabajadoras y las empresas de nuestra Comunidad". 

Asimismo, CCOO y UGT han querido recordar que en la Orden de 13 de abril de 2023 no solo incluía la reducción de la cuantía destinada al Serla, sino que esta también establecía que a partir del 1 de julio quedarían excluidos de la subvención tanto el contrato del director del Serla como los gastos de arrendamiento de sedes, que pasarían a estar en edificios de la Administración". 

Además, añaden que en el documento también quedó recogido que el Servicio de Relaciones Laborales intervendría únicamente en los conflictos colectivos, quedando excluidos los individuales entre trabajador y empresa, y limitando la intervención a un mediador o un árbitro. 

"El Serla es un servicio público, por lo que la Consejería no puede decidir ni modificar nada unilateralmente como decidió en dicha propuesta", han concluido.