“¿Quién paga esos 15.000 millones de euros que se perdonan a una Comunidad Autónoma a través de un pacto con separatistas?”, se preguntó hoy el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, al mismo tiempo que se contestó a sí mismo al afirmar que “todos los ciudadanos se harán cargo de la parte de deuda en la que ha incurrido Cataluña en todo el proceso secesionista”, de manera que “por ejemplo, un leonés, va a acabar pagando las embajadas de Cataluña en el exterior y que se haya desarrollado en los últimos años un proyecto separatista con las consecuencias que ha tenido, así como el gasto de las urnas y el referéndum ilegal que se planteó en un primer momento”.
Ante este situación y, a la falta de saber “cómo se va a distribuir entre las demás comunidades autónomas”, Fernández Carriedo exigió hoy “un sistema de financiación justo”, en el que “se parta de cero”, y para el que “se escuche a las demás comunidades y se cuente con ellas”, al tiempo que “se recojan las dificultades especiales de algunas como Castilla y León”. De lo contrario, advirtió que “se plantará un acuerdo que ha hecho un partido con otro y se les aplique a las demás comunidades”, a pesar de que “no han tenido capacidad de exponer su pensamiento”.
En este mismo sentido, como portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo recordó que la Junta de Castilla y León ya recordó que “no se va a quedar quieta” y que “va a usar todos los instrumentos jurídicos y políticos que están a su alcance”.
Entre ellos, hizo alusión a presentar un recurso de inconstitucionalidad en relación a la Ley de Amnistía, para lo que se pedirá al Consejo Consultivo de Castilla y León un informe jurídico, así como pedir la convocatoria de Consejo de Política Fiscal y Financiera, a pesar de que detalló que “el Gobierno de España y los separatistas tienen la capacidad de aprobar lo que quieran en él” por contar con “la mayoría más uno de los votos”.
En cuanto al momento de presentación de los recursos, apuntó que será “cuando el Consejo Consultivo consideren que es más adecuado”, pero quiso dejar claro que “los ciudadanos tienen que tener muy claro que los intereses de los castellanos y leoneses van a estar defendidos jurídica y políticamente por la Junta de Castilla y León”.