UGT ha denunciado en la mañana de este viernes la "inacción" de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León ante las "desiguales y pésimas" condiciones laborales de los trabajadores de atención a la discapacidad. Lo ha hecho durante la presentación de una nueva campaña a través de la cual el sindicato denuncia este asunto y que lanzará en redes sociales en los próximos días.
UGT sostiene que la Consejería de Isabel Blanco no está atendiendo las reivindicaciones del sindicato en relación al colectivo y le pide a la consejera que no intervenga ningún convenio, pero que sí mejore las retribuciones de estos trabajadores con un complemento retributivo y autonómico "que dignifique sus exiguos salarios", tal y como hacen otras comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana, País Vasco y Castilla - La Mancha, entre otras. Además, le exigen "que se preocupe por los trabajadores, que les valore y les dignifique".
El sindicato ha constatado mediante datos que esta situación está afectando a unos 6.500 trabajadores repartidos en 789 centros. En este sentido, asegura que mientras los empleados de centros públicos están cobrando salarios de 1.400 euros, los sueldos de los que trabajan en centros privados no supera los 1.200 euros.
Y es que, teniendo en cuenta que la Junta oferta conciertos a empresas privadas para llevar a cabo los servicios relacionados, el secretario de UGT SP CyL, Tomás Pérez Urueña, considera que "la Junta debe supervisar el trabajo realizado, que los usuarios reciban la atención adecuada y que las condiciones de los trabajadores sean dignas. No basta con concertar el servicio y desentenderse".
Sin embargo, el sindicato asegura que las concesionarias del sector se están transformando, porque muchas empresas dedicadas originalmente a la construcción o a sectores diversos han empezado a hacerse cargos de centros de día, residencias de mayores y a ofrecer servicios a la dependencia. Añaden que el principal problema de todo esto es que dichas empresas ofrecen peores condiciones a los trabajadores, en busca de la rentabilidad económica del negocio.
El secretario también ha explicado que, aunque este colectivo está regulado por un convenio de ámbito estatal, este establece la posibilidad de negociar acuerdos sobre diferentes materias en cada una de las comunidades autónomas, dado que la mayor parte de las competencias relativas a los servicios sociales están transferidas.
Por su parte, Beatriz García, ha denunciado que llevan más de un año detrás de Isabel Blanco, intentando, sin éxito, que les reciba para exponerle las peticiones del sector. "No deja de hablar de todo el dinero que aporta a la dependencia, pero no se preocupa de cómo se distribuye este dinero y de las condiciones de los trabajadores que atienden a esos dependientes", ha espetado.
Finalmente, el sindicato ha revelado que las negociaciones que ellos plantean "serán beneficiosas, no solo para los trabajadores, sino también para los beneficiarios de los servicios, consiguiendo un servicio de más calidad". Asimismo, han advertido a la consejera que seguirán "ejerciendo cuantas acciones de presión considere adecuadas y necesarias para mejorar las condiciones sociolaborales de este colectivo".