El Consejo de Ministros ha subido de categoría a 219 fiscales, de los cuales 23 desarrollan su actividad en Castilla y León. Lo ha hecho este martes, a petición del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y para paliar el desajuste estructural existente en la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. 

De este modo, 23 plazas de tercera categoría se van a elevar a segunda, consiguiendo así una mejor ordenación de la carrera fiscal en todo el territorio autonómico. Las plazas afectadas son cuatro de la Fiscalía Provincial de Burgos, dos de la de Ávila, cuatro de la Fiscalía Provincial de León, uno de la Fiscalía de Área de Ponferrada, dos de la Fiscalía Provincial de Palencia, tres de la Fiscalía Provincial de Salamanca, dos de la Fiscalía Provincial de Segovia, tres de la de Valladolid y dos de la de Zamora. 

Además, todos los fiscales afectados por esta decisión verán mejoradas sus condiciones retributivas. 

Por su parte, los fiscales o abogados fiscales más antiguos en el escalafón pasarán a ocupar plazas de segunda categoría en el momento de entrada en vigor del real decreto. 

Bolaños asegura que esta medida supone un paso importante en la modernización del Ministerio Fiscal, "que da solución al desequilibrio existente, proporcionando estabilidad y seguridad jurídica a las plantillas, armonizando la proporción de plazas de tercera categoría con la carrera judicial y garantizando el derecho a percibir las retribuciones propias de la plaza efectivamente desempeñada". 

Del mismo modo, permite equiparar el número de fiscales con el de magistrados en cada partido judicial, así como determinar el número de plazas objeto de conversión por autonomías. 

Según informan desde el Gobierno, pese a estos cambios, se va a mantener la cifra global de efectivos en 2.683 fiscales, 28 de primera categoría, 2.229 de segunda y 426 de tercera.