El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha cifrado en nueve millones de euros los daños causados por la borrasca 'Juan' la semana pasada en cinco provincias de la Comunidad, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. 

Según ha aclarado el consejero en la mañana de este viernes durante su asistencia al acto de entrega de 60 vehículos a agrupaciones y asociaciones regionales de Protección Civil, esto ha sido, precisamente, lo que llevó ayer al Consejo de Gobierno a solicitar al Gobierno de España la declaración de las cinco provincias citadas como "zonas gravemente afectadas por un suceso de emergencia". Una petición que iba acompañada de un informe elaborado por las delegaciones territoriales y que recoge los daños ocasionados por el temporal. 

Sin embargo, Suárez-Quiñones ha explicado que esta se trata de una valoración inicial y que, por tanto, se va a ir precisando en los próximos días por parte de propietarios particulares, ayuntamientos, diputaciones, delegaciones territoriales y por la propia Junta. 

"Si el Gobierno asume hacer la declaración, estamos a disposición para aportar información complementaria que pueda ser necesaria para que adopte las medidas de apoyo económico que sean precisas", ha añadido. 

Durante su intervención, el consejero también ha querido poner en valor el acto protagonista de la jornada, la entrega de 60 coches "de primer nivel, todoterrenos y con más de 200 caballos", por ser un gesto que demuestra "el compromiso de la Junta con el voluntariado de Protección Civil". "Hemos logrado conseguir de Fondos Europeos para hacer una adquisición importante de vehículos, que se suma al esfuerzo presupuestario de la Junta en esta materia", ha explicado. 

Asimismo, ha destacado el "importante" papel que han desempeñado los voluntarios de Protección Civil de Castilla y León durante el último temporal, quienes trabajaron de forma "coordinada, ágil y eficiente". "Estas personas no cobran por su trabajo, están integradas en agrupaciones y asociaciones por mero altruismo y solidaridad. 2.797 personas, 2.020 hombres y casi 780 mujeres que dedican parte de su vida privada a los demás. Creo que es un buen momento para ponerlo en valor", ha espetado. 

En este sentido, Suárez-Quiñones ha aclarado que el papel de la Junta con el servicio de Protección se basa en "regularlo, apoyarlo y equiparlo con la uniformidad más actualizada y con material de todo tipo".

"En el Gobierno de España no hay sensatez ni compromiso con el medio rural"

Otro de los asuntos abordados por Quiñones en la mañana de este viernes ha sido el relativo al informe emitido por la abogada general de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través del cual apoya una protección "atenuada" del lobo al norte del Duero, apostando por permitir la caza y de solo prohibirla cuando sea necesario mantener la especie en esta zona, y por una protección "más elevada y rigurosa" al sur del Duero. 

Sobre esto, el consejero ha destacado que, aunque el informe de la abogada general muestra su postura a favor de la flexibilización de la normativa jurídica que protege al lobo en Europa, se trata de un informe "ya desfasado", teniendo en cuenta que actualmente en España "hay una nueva ley de caza y una serie de circunstancias posteriores" que prohíben que se pueda cazar tanto al norte como al sur del Duero, y que por tanto "hacen que ese procedimiento no tenga una eficacia práctica real". 

"El Gobierno de forma injusta y muy perjudicial para Castilla y León prohibió la caza del lobo en el norte de la Comunidad, que es justo lo contrario a lo que ha hecho Europa. En los tribunales europeos hay sensatez y compromiso con el medio rural, pero en el Gobierno de España desde luego no lo hay. El Gobierno está a otras cosas, ya sabemos a cuales", ha denunciado Suárez-Quiñones.