El Gobierno destina más de 19,2 millones para mejorar la eficiencia energética de doce juzgados de Castila y León

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha anunciado una inversión de 19.275.066,97 euros destinada a mejorar la eficiencia energética en doce sedes judiciales ubicadas en la comunidad autónoma de Castilla y León. Este esfuerzo se enmarca en un proyecto más amplio de mejora de infraestructuras judiciales a nivel nacional.

Así, el Gobierno de España tiene previsto destinar 1,21 millones de euros para los juzgados de Miranda de Ebro (Burgos), 422.486 euros para las dependencias judiciales de Villarcayo, 613.124 euros para Santa María la Real (Segovia), 577.946 euros para Benavente (Zamora), 726.469 euros para los juzgados de Piedrahíta (Ávila), 835.242 euros para Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), 601.822 euros para las dependencias de Cuéllar (Segovia) y 168.156 euros para Puebla de Sanabria (Zamora).

Esta inversión forma parte de un plan más amplio, ya que el Ministerio tiene previsto invertir un total de 59.216.922 euros en obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en diversas sedes judiciales, particularmente en aquellas comunidades autónomas donde las competencias de Justicia no han sido transferidas.

La financiación de estas iniciativas se basa en un acuerdo previamente firmado en marzo de 2022 con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del país.

Para ser elegibles para la financiación a través de este plan, los proyectos deben cumplir con ciertos criterios, incluido un ahorro de energía primaria superior al 30%. Para lograr estos objetivos, las obras se centrarán en la renovación de las superficies de los edificios, con el objetivo de lograr instalaciones de alta calificación energética.

Además, se promoverá la instalación de sistemas de autoconsumo de energía solar fotovoltaica u otras energías renovables, según la viabilidad en función de la ubicación de las sedes judiciales. También se fomentará la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, como parte de un esfuerzo más amplio hacia la movilidad sostenible.