La ley de Concordia será pronto una realidad en Castilla y León. Lo hará con rango de ley llega para sustituir al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el Gobierno de Juan Vicente Herrera. Uno de los asuntos más polémicos del acuerdo de gobernabilidad entre PP-Vox firmado en marzo de 2022 y que ahora ve la luz, lo más seguro antes del mes de junio en las Cortes.

Sin embargo, y como era de prever, una ley que llega cargada de polémica. El objetivo de PP y Vox es “honrar y proteger” a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978. Es decir, se lleva también en el tiempo a la Segunda República incluyendo por tanto los crímenes realizados durante este tiempo, ya que se encuentra lejos del mito de que este tiempo fue un oasis de paz. “Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Tampoco se ha dado entre los historiadores”, dice el texto. No ha sido sorpresa la reacción del PSOE, donde Luis Tudanca, lo ha achacado al regreso del franquismo, y ya ha pedido al Gobierno que intervenga para analizar la Ley. El líder socialista quiere que el Gobierno de Sánchez mueva toda su maquinaría como ya está haciendo en la Comunidad Valenciana, con una ley muy similar, aunque contiene muchas diferencias. El propio Tudanca en X  habla de que con esta ley se “iguala un régimen democrático como la República con el franquismo”, un término que historiadores como Javier Tusell han puesto en duda hablando de una “democracia poco democrática”.  

Además, desde PP y Vox se ha cargado contra la Ley de Memoria Democrática estatal que contiene “sesgo ideológico” y con una autonómica con la que se intenta dar carpetazo al sectarismo estatal.

La ley consta de 13 páginas y se integra por cuatro títulos, veinte artículos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria, y tres disposiciones finales que "se erige como un testimonio de compromiso para defender la dignidad de las víctimas desde el año 1931 hasta 1978". La precisión en el empleo de las palabras es importante y, en este sentido un análisis al texto sirve para comprobar que desaparecen algunos términos curiosos y se imponen otros. Por ejemplo, en todo el texto no se habla para nada de dictadura, al contrario que el Decreto de 2018, que se iniciaba con una condena expresa de la dictadura franquista y de la represión. Para el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, "la condena está implícita en el texto" y su "espíritu parte de una condena de la vulneración de los derechos humanos, también de la dictadura".

Por su parte, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) le ha llamado la atención la expresión "cronología bélica", algo que sirve, en su opinión, “para seguir escondiendo la actividad represiva de la Falange en lugares en los que desde el principio triunfó el Golpe de Estado”. Esta expresión tampoco aparece en la nueva ley y se alude a “dinámicas de enfrentamientos de años anteriores”.

Las asociaciones recuerdan que en Castilla y León apenas hubo resistencia frente a los militares levantados contra el régimen democrático de la II República y el gobierno legalmente constituido, pero que aún así, hubo unos 15.000 civiles (maestros, sindicalistas, concejales, profesionales liberales, trabajadores de la comunicación…) "víctimas de desapariciones forzadas o de condenas de tribunales especiales ilegítimos, asesinados inermes sin más motivo que su pertenencia o simpatía hacia partidos u organizaciones republicanas, enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización".

Comisión de exhumaciones

Otra de las principales novedades es la creación de una Comisión de exhumaciones, un organismo que tendrá competencia resolutoria con respecto a las solicitudes de recuperación de restos que se formulan. Aquí se denuncia desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid el párrafo donde dice “los proyectos habrán de respetar durante todo su desarrollo, en todo caso, la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo”. Para el presidente Julio del Olmo, “es algo que no entiendo y que no hace más que poner piedras en el camino”.

Vox lo tiene claro. “Las nuevas generaciones han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de la historia a unos “enfrentamientos que puso fin la Constitución”, y por eso califica el texto presentado de “bueno”, “sin ideologías, no divide y respeta con el mismo tratamiento a todas las víctimas”.  El objetivo es “dar el mismo tratamiento objetivo a todas las víctimas entre 1931 y 1978".

Para el PP, el texto registrado se inspira en el Decreto “pionero” de 2018, pero añadió que, tras la modificación estatal de 2022, se requería una nueva adaptación, modernización y actualización para “honrar y proteger”, ya que, en su opinión, había “una deuda” con los castellanos y leoneses que han sufrido “violencia política o social” durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Eso sí, el portavoz Raúl de la Hoz deja claro que “no estamos en absoluto equiparando la II República con la dictadura”.

España y Castilla y León, por tanto, han emprendido dos caminos diametralmente opuestos en la cuestión de la memoria histórica y los partidos que detentan ambos Gobiernos –el PSOE a nivel nacional y el PP en el ámbito autonómico–