El lobo sigue al acecho: 6.634 ataques a la ganadería en Castilla y León

El número de ataques por lobo a la ganadería durante el período 2022-2023 en las nueve provincias de Castilla y León ascendió a 6.634 por cuyos daños se abonaron 3.385.825 euros, con Ávila a la cabeza y Valladolid como el territorio con menos agresiones de este carnívoro, cuando en estos dos años no estuvo autorizada su caza debido a su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Junto a esta cantidad abonada, está el pago de 127.075,53 euros por sentencias estimatorias vía judicial, de los que 123.787,27 corresponden también a la provincia de Ávila y 3.288,26 a la de Salamanca, mientras que no se consideraron denuncias también presentadas en Burgos, León, Palencia, Segovia y Valladolid. 

El ataque de lobos creció en todas las provincias, excepto en Salamanca y en Valladolid, donde se mantuvo estable, según consta en la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en respuesta a una pregunta parlamentaria del procurador socialista Juan Luis Cepa, consultada por Ical.

En este periodo, Ávila registró 1422 ataques en 2022 y 1439 en 2023; Burgos, 78 y 240; León, 211 y 346; Palencia, 148 y 304; Salamanca, 164 y 70; Segovia, 683 y 737; Soria, 28 y 38; Valladolid, 24 en ambos años; Zamora, 300 y 378, respectivamente.

Por este número de agresiones a la ganadería se presentaron 3.109 solicitudes de ayuda o pago en 2022 y otras 3.631 en 2023, de las que se estimaron 2.996 y 3.107, respectivamente, por lo que finalmente se abonaron 1.693.962 euros y 1.691.865 euros en el segundo año evaluado. 

De la misma manera, los pagos mayores se producen en la provincia de Ávila, con 726.147 euros abonados en 2022 y otros 733.843 en 2023, mientras que los importes descienden en Valladolid a 19.460 y 24.213 euros. En segunda posición, fueron los abonos en Segovia, con 410.557 y 280.558 euros, respectivamente.

En Burgos se abonaron 64.277 y 159.945; en León fueron 53.960 y 32.707; en Palencia, 60.985 y 197.862; en Salamanca, 125.455 y 73.651; en Soria, 16.995 y 32.130; en Zamora, 216.125 y 156.952 euros, respectivamente. 

Sin caza

El parlamentario socialista requiere además conocer los censos o cupos autorizados de lobos, a lo que el departamento de Suárez-Quiñones responde que en el periodo 2022-2023 no se ha realizado ningún censo dado que la anterior Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo recomendaba su actualización cada diez años. 

Así, recuerda la Consejería que en los años 2012 y 2014 se coordinó una estima del área de distribución de la especie y del número de manadas reproductoras. Adicionalmente, en el año 2018 se realizó una actualización del censo de manadas basada en seguimientos parciales realizados anualmente durante los cinco años posteriores al censo nacional.

De acuerdo con la Estrategia Nacional, durante los arios 2022 y 2023 se ha ejecutado en Castilla y León, en el marco del censo nacional, uno nuevo de manadas, pero se está actualmente en fase de análisis y procesado de los resultados obtenidos, según informa Medio Ambiente.

En este periodo, la Junta de Castilla y León no ha autorizado la caza del lobo ibérico en la Comunidad por la inclusión de todas sus poblaciones en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en cumplimiento de la Orden de septiembre de 2021, que modificó el anexo del Real Decreto de 2011. 

Sin embargo, en la Consejería de Medio Ambiente califican de “favorable” la evolución de la población del lobo en Castilla y León, al pasar de las 179 manadas del último censo de 2014 a las más de 200 de la actualidad. 

La Junta de Castilla y León urge al Gobierno a materializar ya la decisión de Bruselas de flexibilizar su nivel de preservación, conocida el mes de diciembre, para lo que cuenta también con el aval de las Cortes a través de las iniciativas parlamentarias aprobadas. En concreto, la última PNL aprobada, a instancia de Vox, insta a la elaboración de un Plan Nacional del Lobo que incluya una nueva Estrategia para la Conservación y Gestión e impulsar su exclusión del listado de especies de protección especial.