La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha celebrado que tres relatores de Naciones Unidas se dirijan a las instituciones españolas, entre ellas la Junta de Castilla y León, "para recordarles sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista; la amenaza para las víctimas que suponen las leyes de concordia y las obligaciones que todavía no cumple el Estado de garantizar a las víctimas de la dictadura franquista su acceso a la justicia, a una indemnización y a las garantías de no repetición".

La ARMH señala que el informe que analiza tres leyes de Concordia aprobadas por gobiernos de PP y Vox en Castilla y León, Valencia y Aragón hace hincapié en "las amenazas que pueden suponer esas legislaciones autonómicas para el acceso de las víctimas al conocimiento de la verdad y el deterioro democrático y en materia de derechos humanos el blanqueamiento de la dictadura".

Con respecto a la Ley de Concordia de Castilla y León apunta que el informe señala que "el proyecto de ley no facilitaría la participación ni otorgaría un rol consultivo a organizaciones de víctimas e instituciones de sociedad civil". Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto del primer desaparecido del franquismo en España identificado por una prueba genética, "la mejor forma de combatir las leyes de falsa concordia es abrir las puertas de las juzgados para que cumplan sus deberes con violaciones de derechos humanos tan graves porque la justicia es la mejor política de memoria".