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El anuncio por parte del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia ha levantado una importante polvareda dentro del sector, que ha salido en masa a hacer frente a esta decisión con multitud de declaraciones. Una de ellas ha sido la de la Asociación Taurina Parlamentaria, cuyo presidente es Miguel Cid Cebrián.
En un comunicado remitido a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, han hecho la siguiente declaración:
"La supresión del premio a las Bellas Artes a la Tauromaquia, por parte del Ministerio de Cultura, constituye una prueba evidente del nulo aprecio y valoración a esta manifestación cultural así reconocida y declarada legalmente.
En efecto, la vigente ley 18/2013 de 12 de Noviembre proclama en el inicio de su Exposición de Motivos que 'La Tauromaquia forma parte del Patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultura común'.
Así pues, la decisión del Ministerio de Cultura además de ilegal vulnera nuestras más arraigadas tradiciones y sentimientos nacionales.
Por ello, nuestra Asociación Taurina Parlamentaria, formada por parlamentarios y exparlamentarios, de diversas procedencias ideológicas pero con el denominador común de su afición taurina, manifiestan su absoluto rechazo a esta medida del Ministerio de Cultura que dice muy poco de su respeto a nuestra acendrada tradición popular y sus manifestaciones artísticas y culturales.
Centrarse como hace el ministro Sr. Urtasun para justificar su medida en la supuesta "tortura animal" es desconocer la esencia de la Tauromaquia y por supuesto el concepto de tortura, así como imputar a sus predecesores en el cargo ministerial que crearon y mantuvieron dicho premio, en cómplices de sus graves e injustificadas acusaciones.
Por todo ello, nuestra Asociación que a pesar de pluralismo ideológico no tiene más color que el color de la fiesta, no sólo rechaza totalmente está medida que vulnera la citada ley que impone a los poderes públicos no sólo la obligación de garantizar la conservación de la Tauromaquia sino la de promover su enriquecimiento de acuerdo con la Constitución, pondrá en marcha las iniciativas Parlamentarias necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y desarrollar lo previsto en la citada ley.
Sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que haya lugar".