Reproches de las defensas en 'La Perla Negra’: 13 años de “penas de banquillos” y pulla para el PSOE

El juicio del caso 'Perla Negra' sigue un día más en la Audiencia Provincial. En esta ocasión, ha sido el momento para que los abogados de la exviceconsejera Begoña Hernández, del exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán y del exdirector gerente de esta sociedad pública, Salvador Molina, hayan defendido su tesis y reclamado la libre absolución de sus clientes. En sus alegatos finales, todos ellos han coincido en que se ha vulnerado su derecho a la defensa por no conocer con concreción los hechos imputables.

Sin embargo, en la sesión de hoy de conclusiones también se ha aprovechado para denunciar las "penas de banquillo" que sufren desde hace más de trece años de tramitación del proceso y los perjuicios personales y profesionales padecidos. Además, se ha mandado un mensaje al PSOE, que se ha presentado como acusación popular, por intentar sacar rédito político en busca de una financiación irregular del Partido Popular, que no se ha podido comprobar durante los días en la Audiencia.

El abogado de Begoña Hernández ha defendido que la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, es decir, la famosa Perla Negra, fue una operación ajusta a derecho, “ordenada”, “lógica” y “beneficiosa” para la Junta, ya que abarató costes al eliminar el alquiler de las distintas sedes dispersas de ADE y al mejorar las condiciones de trabajo de los empleados.

Por su parte, el abogado de Juan Carlos Sacristán acusó al ministerio fiscal de elaborar una “teoría conspiranoide” en la que no se sabe cuál es el fin último de la trama, a la vez que criticó la presencia de la acusación popular ejercida por el PSOE, asegurando que su único interés ha sido tener acceso a la información de la instrucción para usarla en la comisión de investigación que se abrió en las Cortes de Castilla y León y desgastar al PP. En este sentido, indicó que aprovechando caso como la trama Gürtel o el caso Bárcenas, “aquí se ha investigado a la Consejería de Economía, dirigida por el que también era vicepresidente de la Junta y presidente del Partido Popular de Valladolid, a ver si se descubría alguna financiación irregular del PP”, informa Ical.