La fiscal se lo deja claro a los acusados de ‘Perla Negra’: “Si no estaban de acuerdo con Villanueva pudieron dimitir”

El juicio por el caso de la Perla Negra donde se juzga la comisión de delitos por parte de los exaltos cargos de la Consejería de Economía y Empleo en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo ha mantenido este lunes una nueva sesión. En esta ocasión ha sido el momento para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular se hayan ratificado en la comisión de delitos por parte de los exaltos cargos de la Consejería de Economía y Empleo.

Durante las sesiones previas, las defensas y sus testigos se han escudado en que ellos solo cumplían lo que les ordenaban desde las altas esferas, es decir ,desde el exconsejero Tomás Villanueva, ya fallecido. "Se nos ha tratado de hacer ver que cumplían órdenes del entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, pero si de verdad no estaban de acuerdo con sus decisiones lo tenían fácil, pudieron dimitir y no ejecutar los hechos objeto de este juicio”, ha apuntado la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle. Asimismo, ha dejado claro que con estas operaciones salieron beneficiadas las empresas del resto de encausados.

Las acusaciones también mantienen sus peticiones de penas para los empresarios implicados en esta trama, a excepción del Alberto Esgueva, tal y como anunciaron la pasada semana, y consideran probado que la empresa Urban Proyecta conocía con antelación tanto la compra del edificio de Arroyo como la intención de la Consejería de Economía y Empleo de construir el polígono industrial de Portillo.

También han ratificado que durante este proceso cometieron infinidad de irregularidades, no sólo porque los 'papeles' no pasaron por el Consejo de Administración de ADE y luego Gesturcal sino también porque muchas de las obras en el inmueble para su distribución interna fueron abonadas por la sociedad pública pese a que ésta no fue la que encargó.

El Ministerio Fiscal sostuvo que Urban Proyecta contó con información privilegiada y tuvo en su poder el pliego de condiciones para el alquiler del edificio de Arroyo antes de su publicación, a la vez que recalcó que la operación paso de ADE a Gesturcal con el fin de eludir todos los controles y poder favorecer los intereses de Urban Proyecta.

La de hoy ha sido la primera de las tres que quedan en las que la totalidad de las partes expondrá sus informes finales, antes de que la Audiencia Nacional dicte sentencia.