Podemos votará 'no' a lo que queda de reforma fiscal si el PSOE y Junts no le garantizan que las energéticas pagarán más

De momento, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero tiene ya asegurado el voto de todo el bloque de investidura, salvo los imprescindibles de los cuatro diputados de Podemos. Durante más de dos horas, la vicepresidenta Montero y Félix Bolaños negociaron intensamente este miércoles con Ione Belarra en la zona reservada al Gobierno en el Congreso para lograr arrancarle su apoyo.

Pero al acabar la reunión no había acuerdo, ni lo hay al cierre de esta edición, a falta de lo que pueda ocurrir hasta las 16.00 horas de este jueves, momento previsto para la votación en el Pleno. El Gobierno aspiraba a que Belarra y sus otros tres diputados al menos se abstuvieran para permitir la aprobación del texto, pero los morados desmienten insistentemente esa posibilidad, dado que abstenerse sería "lo mismo" que votar a favor.

Fuentes de Podemos insistían anoche: "Si no se mueven, se la comen. Parece que no saben lo que se juegan y tenemos todo a favor". Se refieren a que para ellos sería fácil justificar esta postura, dado que el partido de Ione Belarra siempre se ha mantenido firme en su defensa de este impuesto e, incluso, en su cruzada por hacerlo permanente. Todo lo contrario de otros como Junts y PNV, que lo rechazan; o ERC y Bildu, que renunciaron a ella.

Este jueves seguirá la negociación hasta el mismo momento de la votación, al límite, como suele hacer el Gobierno de Pedro Sánchez.

El PSOE presiona a Podemos para que le salve y acepte un pacto sobre impuestos que depende de un giro de Junts

Si los cuatro de Podemos se abstuvieran, el Gobierno seguiría necesitando el voto de la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido, y de José Luis Ábalos, exdiputado socialista ahora en el Grupo Mixto. Si votan en contra estos dos, se produciría un empate a 173 escaños, lo que obligaría a repetir la votación. Si el resultado se repite tres veces, la norma decae.

Curiosamente, la votación se produce justo el mismo día en que el empresario y comisionista Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional por la trama Koldo, que implica al exministro de Transporte y antiguo secretario de Organización del PSOE.

El compromiso

Podemos pide —aún sin éxito— un compromiso expreso y claro de que en las próximas semanas será aprobado un decreto ley que prolongue el impuesto a las empresas energéticas, sin que se descafeíne este tributo y que, además, se garantice que tenga el voto de Junts. El Gobierno se resiste a aceptar esta exigencia.

Junts y PNV están en contra de prolongar los impuestos a las energéticas y los bancos, pero el Gobierno ha pactado con sus socios de la izquierda soberanista (Bildu, ERC y BNG) aprobar un decreto que amplíe la vigencia de ese impuesto.

El lunes por la noche, durante uno de los recesos de la Comisión de Hacienda, los de Carles Puigdemont exigieron que el Gobierno dejara por escrito que se bonificará a las energéticas que colaboren en la descarbonización. Esto se hizo ad hoc para que el impuesto no afecte a proyectos concretos —en especial uno de Repsol en Tarragona—, pero Podemos no lo acepta porque considera que eso eximiría a todas las energéticas.

Según cálculos de algunos grupos, esta exención podría llegar al 90%, es decir, dejaría el impuesto en nada en la práctica. Pero el Gobierno explica que si no hay tal reducción del impuesto Junts no convalidaría el decreto.

El Gobierno salva parte de su reforma fiscal hasta el Pleno del jueves para cumplir con la UE en una negociación caótica

Pero el texto que se vota este jueves no tiene que ver con esto. No directamente. Su núcleo, de hecho, es un proyecto de ley que traspone una directiva europea para unificar el impuesto de sociedades a multinacionales en toda la Unión Europea. Sobre esa norma, el Gobierno pactó con sus diferentes socios una serie de enmiendas contradictorias que intentaba crear impuestos a las sociedades inmobiliarias (socimis) y a la sanidad privada, entre otras.

Por falta de acuerdo, todas esas enmiendas decayeron, aunque siguen vivas para el Pleno de hoy y parece muy difícil que puedan ser aprobadas. Es decir, decaerá la gran mayoría de la reforma fiscal que pretendía aprobar el Gobierno para cumplir el compromiso cerrado con Bruselas y necesario para la llegada de nuevos fondos europeos.

Lo que necesita el Gobierno es evitar perder la votación global sobre el proyecto de ley con lo poco que queda de su reforma fiscal. Votarán en contra PP, Vox y UPN y a favor PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG. También José Luis Ábalos y Cristina Valido. Para que salga adelante, los socialistas necesitan el voto de los cuatro diputados de Podemos, y ahí entra la condición del impuesto a las energéticas.

Si no se aprobara antes del 1 de enero, la UE sancionaría a España. Y además, el Gobierno se juega su estabilidad y las opciones de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que se han demostrado claves esta legislatura. Por eso Hacienda se ha volcado tanto estos días en la negociación.

Montero dirigió las conversaciones con poco éxito y con múltiples críticas de todos los socios, que cuestionan la forma en la que la vicepresidenta ha llevado las conversaciones paralelas con los grupos. Algunos de ellos incluso la señalaron directamente como la responsable del galimatías.

El lunes por la noche, alrededor de las 23.00 y con la Comisión de Hacienda reunida, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, tomó las riendas de todas las negociaciones y buscó su propia vía para reconducir la situación. El miércoles, él mismo fue el encargado de reunirse con Podemos y Belarra, con quien siempre se ha entendido muy bien.

ERC y Bildu admiten que han tenido que ceder mucho, que el acuerdo con Junts deja en nada el impuesto a las energéticas y que la propuesta del Gobierno de comprometerse a aprobar un decreto queda muy en el aire, pero anteponen la idea de salvar la directiva y no hacer caer al Gobierno. Sobre todo, necesitan que Podemos la apoye también, o podrían quedar en evidencia por ceder ante los socios conservadores y renunciar a una reivindicación de izquierdas. 

Sumar, por su parte, también está irritado con el PSOE porque hicieron caer la enmienda para gravar a las socimis, aunque sigue viva en el Pleno de hoy, con muy pocas opciones de salir adelante.

El PP votará en contra porque lo que ha quedado del proyecto de ley ya no es sólo la trasposición de la directiva, sino lo que queda después de cambios introducidos por el PSOE y sus socios.