Este domingo 12 de mayo es un día clave marcado en el calendario político. Llegan las elecciones en Cataluña y, como suele ser últimamente habitual, se verán también en clave nacional. Ahora más que nunca tras los pactos que Pedro Sánchez ha realizado con los partidos separatistas catalanes para poder mantenerse en la Moncloa tras las elecciones generales del 23-J. Pase lo que pase, parece que el resultado moverá el avispero de la política nacional.
Será el momento de comprobar si, pese a un triunfo del socialista Salvador Illa (las encuestas eso dicen), Sánchez entrega la cabeza de su candidato para que pueda gobernar el prófugo Carles Puigdemont. O, si por el contrario, una mayoría absoluta de los partidos independentistas cambia las reglas del juego. Sea como sea, España estará muy pendiente de esta noche electoral. Ahora bien, si lo ponemos en contexto de Castilla y León, está claro que los ciudadanos no tienen mucho por lo que preocuparse en su día a día. Como se ha visto a lo largo de la campaña electoral, son unos comicios con la mirada puesta en la repercusión nacional que puedan tener los resultados.
La distancia que separa Castilla y León y Cataluña por tierra también lo hace administrativamente ya que no son muchos los protocolos de colaboración que mantienen directamente entre las autonomías. En esta ocasión, al contrario de lo que ocurrió en recientes comicios como en Galicia y País Vasco, donde al ser comunidades limítrofes tienen importantes convenios en Educación, Sanidad o empleo, con Cataluña son exactamente 12 convenios, según los datos extraídos de la web de la Consejería de Presidencia, y la mayoría insustanciales.
Hay que recordar que son muchos años sin que un presidente de la Junta Castilla y León mantenga una reunión oficial con un presidente de la Generalidad. Mañueco nunca lo ha hecho teniendo en esta legislatura De Pere Aragonés (ERC) una relación nula. Una Cataluña casi inoperante en políticas sociales y de cooperación ya que ha estado demasiado preocupada en su desafío independentista al que han dado alas desde la Moncloa.
Una relación distante como demuestra que el presidente de la Junta ha sido el primero en criticar y liderar el 'no' al perdón de la deuda a Cataluña y a la amnistía. Hasta el punto de que el Consejo de Gobierno acordó iniciar los procedimientos de impugnación ante el Constitucional el pasado mes de noviembre en una famosa foto con Mañueco y García-Gallardo. Un roce histórico que no es nuevo, ya Juan Vicente Herrera criticó con dureza en 2017 la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña para constituir la república catalana por parte de Puigdemont. En una situación muy parecida a la que se vive actualmente con afirmaciones de "ruptura de Estado de derecho", aunque en esta ocasión cuenta con el beneplácito del Gobierno nacional de Sánchez. Y, también, como siempre en el trasfondo del tema, la petición del pacto fiscal para los catalanes, al que desde Castilla y León siempre se ha negado.
Lo que sí se mantiene siempre presente es el conflicto que las dos comunidades vivieron por los ‘papeles de Salamanca’. Una disputa política y judicial que nació durante la transición española, y que alcanzó su punto más polémico durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), tras la devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación incautada por las autoridades franquistas cuando tomaron Cataluña al final de la guerra Civil Española y que estaba depositada en el Archivo de la guerra Civil Española de Salamanca. Las heridas todavía están abiertas, hasta el punto de que el actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, lo tiene en su agenda.
Prácticas sanitarias, quebrantahuesos y ciencia
Volviendo a los convenios más recientes, firmados durante este gobierno de coalición entre PP y Vox, es uno relacionado con la cooperación educativa entre las universidades de Pompeu Fabra, la de Vic (Barcelona) y la de Lleida y la Gerencia Regional de Salud para las prácticas externas de estudiantes relacionados con la salud. Ha sido firmado este pasado abril y llega para intentar paliar los problemas de profesionales sanitarios que existe en Castilla y León.
También en el ámbito de la sanidad se encuentra el acuerdo de colaboración para la gestión de la base de datos de la red española de registros de cáncer, Redecan. Se trata de un acuerdo nacional que permite la gestión conjunta de las bases de datos para la elaboración de indicadores epidemiológicos sobre la incidencia, prevalencia y supervivencia de la enfermedad en España.
También procedente del Ministerio, pero en este caso de Ciencia e Innovación, hay un convenio marco entre las dos comunidades, junto a País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón, Comunidad de Madrid para la realización de un programa de I+D+i dentro del marco del plan complementario en el área de materiales avanzados. Este acuerdo fue firmado por la consejera de Educación, Rocío Lucas. El objetivo es “construir sinergias territoriales en el marco de los Planes Complementarios, cuyo contenido y ejecución se regirán por las condiciones que se acuerden, en su caso, en el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación”.
En la misma línea que este convenio, en 2021, se firmó otro acuerdo con Euskadi, Cataluña, Galicia y Madrid para la realización de un programa relacionado con el área de comunicación cuántica. También hay otro convenio a nivel nacional para la puesta en común de recursos de supercomputación y la gestión de datos al servicio de la I+D+i en España.
Desde 2014, en ámbitos de agricultura, hay colaboración entre el Estado y varias comunidades, entre ellas Cataluña y Castilla y León, para la conservación del quebrantahuesos. El protocolo trata de reforzar la colaboración para la conservación de este animal en la Cordillera Pirenaica y permite avanzar en la reintroducción del quebrantahuesos en la sierra de Cazorla y en los Picos de Europa.
Y ya muy lejanos y casi inexistentes pues datan de 2010, se mantienen unos acuerdos para el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y pesca en aguas interiores, otro para la definición a impulsar actuaciones conjuntas en materia turística y otro paral desarrollo de los estatutos de autonomía.
Como se puede comprobar, la consistencia de la relación entre los dos Gobiernos es escaso, ligado en su mayoría a convenios que proceden desde el Estado y más recientemente de colaboración en Sanidad, pero para la incorporación de profesionales.