La Junta de Castilla y León ya se ha puesto manos a la obra para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2025. Así, este martes se refleja en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la Orden por la que se dictan las normas para la elaboración de las cuentas del próximo ejercicio, que estarán dirigidos al crecimiento sostenido de la economía, el empleo y los servicios públicos de calidad. Unas cuentas que apuestan por la "moderación de impuestos" para familias, jóvenes y empresas en busca de un equilibrio total, según ha destacado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Un Mañueco que también aprovechaba la publicación de la Orden para atacar al Ejecutivo central. "Ante un Gobierno central incapaz de presentar los PGE, en Castilla y León ya estamos trabajando en los de 2025", ha sentenciado.

El texto que estipula los principales indicadores de la economía de la autonomía, además de los retos del próximo 2025. También se establecen las condiciones para impulsar el crecimiento innovador, sostenible y transformador de la economía, que garantice un tejido competitivo, productivo y moderno en una economía conectada y global.

La Orden señala, conforme a la Ley de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León, las normas para la elaboración de los PGC fijando los criterios de presupuestación, la estructura de los ingresos y gastos que lo componen, su ámbito institucional y las comisiones participantes en el proceso de elaboración.

Igualmente, relaciona la documentación necesaria y los plazos de cumplimentación. Dicha publicación también señala las reglas fiscales aprobadas por el Parlamento Europeo para lo que el Gobierno del Estado deberá facilitar su Plan Nacional de medio plazo describiendo los objetivos de gasto, inversiones y reformas para los próximos cuatro años, con una senda de reducción del déficit y deuda que marcará los objetivos para este periodo a cumplir por todas las Administraciones públicas.

La norma se estructura en cuatro capítulos. El primero de ellos establece las normas generales para elaborar los PGC que se adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los fines de estabilidad y deuda pública que, según el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se establece para la región, ajustándose al límite de gasto no financiero que se apruebe en las Cortes de Castilla y León. Igualmente, establece el ámbito institucional de aplicación de los presupuestos generales.

El segundo capítulo fija la estructura de los estados de ingresos y gastos de las entidades con presupuesto limitativo y la estructura de los presupuestos de explotación y capital. El capítulo tres marca el proceso para la elaboración y tramitación del anteproyecto, fija las comisiones participantes en el proceso de elaboración de los Presupuestos, así como la tramitación del anteproyecto de presupuestos.

En última instancia, el capítulo final señala la remisión de documentación y plazos, el articulado del texto y la documentación correspondiente a los presupuestos limitativos, ingresos, gasto de personal, programación del gasto, otros capítulos de gasto y un informe de impacto de género, información adicional sobre actuaciones específicas e información sobre los presupuestos de capital y explotación.

Finalmente, la Orden cuenta con una disposición a mayores para la información sobre el sistema de seguimiento de objetivos. Todas estas medidas manifestadas en los cuatro capítulos se desarrollan a través de 22 artículos.