Mañueco sale reforzado de las europeas y encara un cómodo final de legislatura con el as del adelanto electoral bajo la manga

Los resultados de las elecciones europeas de este domingo provocaron rostros de felicidad, y también mucha calma y tranquilidad, en la sede del Partido Popular de Castilla y León y en la de la Presidencia de la Junta. La arrolladora victoria del PP en la Comunidad, donde obtuvo el 44,56% de los votos, más de 14 puntos más que en los comicios de 2019 y más de 14 por encima del PSOE, que se quedó en el 30,44%, ha contribuido a reforzar aún más a una formación que desde las elecciones autonómicas de 2022 no ha dejado de crecer en cada cita electoral que ha tenido lugar en Castilla y León.

Esta cómoda situación permitirá al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, encarar lo que resta de legislatura –las próximas elecciones autonómicas, si no se adelantan, tendrían lugar en febrero de 2026– con las manos cada vez más libres y menos condicionado por las exigencias de su socio de Gobierno, Vox, que, aunque ha crecido tres puntos en comparación a sus resultados de las últimas europeas en la Comunidad, celebradas hace ya cinco años, ha vivido un proceso inverso al de los populares en cada jornada electoral que ha tenido lugar en Castilla y León desde que la formación integra el Gobierno autonómico.

Un PP creciente y un Vox decreciente

En las elecciones autonómicas de febrero de 2022, que dieron lugar al primer acuerdo entre PP y Vox en España y a la entrada de los de Santiago Abascal por primera vez en un Gobierno, los populares obtuvieron un 31,40% de los votos, el peor resultado de su historia en la Comunidad, frente al 17,64% de un Vox en crecimiento y con el actual vicepresidente, Juan García-Gallardo, como candidato, que exigió, por primera vez, la entrada en un Ejecutivo. Pero las tornas no tardarían en cambiar.

Poco más de un año después, en las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP logró un 39,98% de los apoyos frente a solo el 7,5% de Vox, en unos comicios en los que los populares hicieron valer su implantación territorial y que difícilmente podían compararse con los autonómicos. Pero la tendencia se vio confirmada en las generales. En las elecciones del 23 de julio de 2023, el PP consiguió un 41,55% de los apoyos y pasó de 13 a 18 escaños en el Congreso de los Diputados por la Comunidad, mientras que Vox se quedó en el 13,78% –tres puntos menos que en las anteriores generales y cuatro puntos menos que en las autonómicas de 2022– y pasó de seis diputados a tan solo uno.

Este domingo, los populares han continuado en sentido creciente, llegando a un 44,56% de los votos, un porcentaje que se acerca al que tenía la formación cuando contaba con mayoría absoluta en la Comunidad, mientras que Vox se ha quedado en un 10,51%, siete puntos menos que en las autonómicas de hace dos años y medio y más de tres puntos menos que en las generales de hace menos de un año. Una situación de fortaleza del PP y de debilidad de Vox que ha consciente a Mañueco de que un adelanto electoral solo le beneficiaría y de las limitaciones de su socio a la hora de hacer exigencias durante el año y medio que queda de legislatura.

Presupuestos aprobados y dos leyes pendientes

El presidente de la Junta encara, además, la recta final de la legislatura con otro factor de tranquilidad a mayores tras haber logrado hace solo un mes y medio la aprobación en las Cortes, con el apoyo de Vox, de los presupuestos autonómicos para el año 2024. La aprobación de las cuentas públicas es sinónimo de estabilidad y de proyecto político en cualquier gobierno y Mañueco cuenta con ese aval para gobernar lo que queda de año e incluso, si no pudiese sacar adelante los de 2025, contaría con la posibilidad de prorrogar los de 2024 para completar la legislatura.

La formación de Juan García-Gallardo, con una fuerza en el Gobierno autonómico que cada vez se corresponde menos con los resultados electorales que obtienen en los comicios que se celebran en la Comunidad, afronta este último año y medio con el objetivo de sacar adelante dos leyes fundamentales para sus intereses y que han sido caballo de batalla político de la formación desde su origen: la Ley de Concordia y la Ley contra la violencia intrafamiliar.

La primera de ellas, que derogaría el Decreto de Memoria Histórica impulsado por el propio PP en abril de 2018, fue presentada el pasado mes de abril por los grupos de PP y Vox en las Cortes y desató una gran tormenta política y un aluvión de reacciones de rechazo. El Gobierno de España advirtió al Ejecutivo autonómico de que recurriría la norma –que evita calificar al franquismo de dictadura y amplía el reconocimiento de las víctimas a la II República– al Tribunal Constitucional si finalmente se aprobase y tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron de que la polémica ley vulneraría la legislación de derechos humanos.

El impulso de esta norma supuso que Vox se anotase un tanto, después de la frustración con la no aprobación del protocolo antiaborto y la rectificación en la pretensión de disolver el Serla, ya que un Gobierno del PP en solitario nunca hubiese promovido una ley de estas características, teniendo en cuenta que los mismos populares impulsaron la legislación de memoria histórica autonómica hace seis años. La situación de cada vez mayor fortaleza y manos libres de Mañueco le permitirá maniobrar y, aunque no eche atrás la norma, sí que podrá, al menos, rebajar las pretensiones de la misma y eliminar los puntos más polémicos habida cuenta de que Vox no está en situación de dar ultimátums a los populares. 

La otra norma fundamental para los intereses de la formación de Juan García-Gallardo es la Ley contra la violencia intrafamiliar. Tras la rúbrica del pacto entre PP y Vox, en marzo de 2022, los de Santiago Abascal anunciaron que impulsarían una norma en este sentido para luchar por igual contra "todo tipo de violencia", independientemente del sexo de la persona que la ejerciera y de la víctima, pero en estos dos años y dos meses ha habido muy pocos avances en este sentido. 

Vox ha tratado de acelerar la aprobación de la ley pero la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la popular Isabel Blanco, explicó en noviembre de 2023 que su departamento trabaja para actualizar la Ley contra la violencia de género de 2010 y para impulsar a la vez la norma contra la violencia intrafamiliar con el objetivo de que fueran "acompasadas". Además, dejó claro que la nueva ley "nunca sustituirá" a la normativa de violencia de género, como sería deseo de Vox, y, en los presupuestos de este año, el departamento de Blanco consignó 3,5 millones de euros a la lucha contra la violencia machista.

La posibilidad de un adelanto electoral se cierne sobre el horizonte

La arrolladora victoria del PP en las elecciones europeas es el último episodio de un crecimiento sostenido de los populares desde que tocaron fondo en aquellos comicios autonómicos de febrero de 2022. Actualmente, los de Mañueco están en unas cifras de apoyos que les permitirían, en el caso de replicarse en unas hipotéticas elecciones regionales, gobernar en solitario con el apoyo externo de los partidos provinciales y liberarse de la atadura de Vox, formación con la que han mantenido un idilio durante los últimos dos años que siempre ha sido incómodo para los populares, especialmente para su dirección nacional.

La pelota ahora está en el tejado del presidente de la Junta, que deberá decidir si opta por terminar la legislatura, consciente de que le espera un año y medio tranquilo y plácido en el que no debería tener muchas dificultades para legislar, o si, por el contrario, se lanza a emular el movimiento que ya llevó a cabo en diciembre de 2021 y apuesta por adelantar las elecciones para tratar de neutralizar a su socio y gobernar en solitario.

Una situación, la de dirigir gobiernos con amplias mayorías y monocolor, que ha sido habitual para el PP en Castilla y León durante los últimos 37 años pero que el salmantino aún no ha conocido en el lustro que lleva al mando. Las cartas están echadas y Mañueco deberá considerar si el Gobierno autonómico sigue siendo, a su juicio, "útil y eficaz" –condición que siempre ha puesto para finalizar la legislatura– o si, por el contrario cree que ha llegado el momento de prescindir de sus socios. La decisión está en sus manos.