La Junta de Castilla y León fue la primera autonomía que hace meses ya habló de encabezar la revuelta judicial para recurrir la ley de amnistía concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez a los políticos catalanes relacionados con el process. Ahora, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado desde el pasado martes y entrando en vigor desde el miércoles, es el momento de mover ficha.
Sin embargo, la Junta se encuentra “rematando” el recurso que presentará ante los tribunales, así lo ha confirmado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha asegurado que los servicios jurídicos están analizando y leyendo el texto publicado para posteriormente mandarlo al Consejo Consultivo. En este caso, después de su valoración, comenzará el proceso “según los que nos digan” para llevarlo ante el Tribunal Constitucional.
Carriedo ha vuelto a rechazar esta ley de amnistía porque quebranta el principio de igualdad de todos los españoles. Así, el portavoz ha afirmado que en estos momentos “pienso en unos padres que robaron alimentos para dar de comer a sus hijos y ellos no gozarán de esta amnistía que otros sí”, en relación a los políticos separatistas. "Nosotros estamos firmemente comprometidos con la igualdad y, por tanto, cualquier cuestión que rompa la igualdad entre españoles tenemos que intervenir".
Además, ha recordado que Castilla y León no es la única comunidad que está preparando este recurso contra la ley de amnistía, sin ir más lejos ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que presentará un recurso de anticonstitucionalidad, aunque tampoco ha puesto sobre la mesa fechas.
Financiación para Cataluña
Asimismo, también ha hablado en temas económicos. Y ha reconocido que la "financiación a la carta y los 15.000 millones para Cataluña" fue el "precio político que se pagó" para que Pedro Sánchez fuera "investido" presidente del Gobierno. "Pero no lo paga el Gobierno, lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos", además ha lamentado las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al asegurar que Cataluña debe tener un "tratamiento especial" en financiación.