El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) ha trasladado a todos los Grupos Parlamentarios una suerte de consideraciones en las que preconiza “los impactos negativos” que a medio plazo tendrá la modificación, previsiblemente en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de mañana viernes, de la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León, que propusieron de forma conjunta PP y Vox. Por ello, instó a los grupos a rechazar este cambio, que “liberalizará las campañas de saneamiento ganadero y rebajará la calidad y credibilidad de estos programas sanitarios”, según informa en un comunicado.

Del mismo modo, informan del “complejo compendio normativo” que afecta a los saneamientos ganaderos al que se añaden numerosos documentos de trabajo, recomendaciones y manuales de procedimiento además de controles y auditorías de todos los agentes implicados, recordándoles que la ejecución de las campañas de saneamiento no se trata de un simple acto de diagnóstico y sacrificio de animales positivos a la tuberculosis bovina, sino que comprende una serie de criterios legales, técnicos, epidemiológicos y procedimentales que garantizan la obtención y mantenimiento de los estatus sanitarios que permiten el libre intercambio de animales y sus productos con garantías sanitarias en todo el territorio de la UE.

Asimismo, “visualiza el primer escollo sobre su aplicabilidad”, que en su opinión es la “independencia” que debe regir en el proceso de diagnóstico. Este principio se rompe en el momento en el que el ganadero tenga libertad para elegir al veterinario que le resulte más oportuno, pues en ese momento el veterinario estará realizando un servicio a demanda del ganadero, independientemente de cómo se realice el pago de este servicio.

Por otra parte, “el sistema no garantiza la universalidad” de las medidas, esto es, que todos los ganaderos tengan acceso a las pruebas necesarias y obligatorias para el mantenimiento de sus calificaciones sanitarias, ya que no se ha hecho una estimación de los veterinarios que van a habilitarse para tal fin, que adelantamos será insuficiente para los actos clínicos que son necesarios y que hasta ahora se han realizado con la colaboración de una Empresa adjudicataria externa.

Por ello, pronostica “que es fácil imaginar que los puntos críticos descritos, y otros muchos que se podrían mencionar, no tengan otro resultado que una rebaja en la calidad y credibilidad de los servicios realizados si se liberalizan las campañas de saneamiento, que redundará en escasa garantía sanitaria de nuestros productos de cara a la comercialización de los mismos y desconfianza del sector a la hora de adquirirlos. Desconocemos el alcance de las consecuencias económicas para este sector tan estratégico en nuestra Comunidad Autónoma, pero un análisis superficial arroja unas previsiones poco halagüeñas”.

En nuestra opinión, “la realidad será un aumento de las prevalencias, con su repercusión muy perniciosa, en Sanidad Animal, parte fundamental de la Salud Pública”.

 Respuesta de la Junta

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy tras la reunión del Consejo de Gobierno que la nueva Ley de Sanidad Animal, propuesta de forma conjunta por PP y Vox, y que previsiblemente se aprobará mañana en el Pleno de las Cortes, “puede ayudar al sector a seguir ofreciendo al consumidor los productos de Castilla y León, que tienen la máxima calidad”.

En ese sentido, Fernández Carriedo recalcó que la Junta “apuesta por tener productos de la máxima calidad, para que sean producidos por los ganaderos, para que lleguen a los mercados con éxito como hasta ahora”. “La norma establece claramente el papel protagonista que corresponde a los profesionales sanitarios. Tenemos mucha confianza en ellos y estamos seguros de que los veterinarios lo harán muy bien en toda la tarea que tienen encomendada, que tiene que ver mucho con la sanidad animal, pero también con la salud pública del conjunto de las personas”.