La Junta de Castilla y León ha informado de las últimas modificaciones introducidas en la Ley de Fundaciones de Castilla y León por la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de mayo de 2024, que afectan directamente al funcionamiento y a los estatutos de la Fundación Serla.
Tras un proceso de votación durante la reunión del Patronato de la Fundación Serla, los representantes de CCOO y UGT expresaron su desacuerdo "con la adaptación" de los estatutos de Serla a la nueva ley, mientras que la CEOE decidió abstenerse. Por otro lado, los patronos designados por la Junta de Castilla y León votaron a favor de la adaptación.
La principal modificación introducida por la nueva normativa es la eliminación del requisito de unanimidad para la adopción de decisiones en las fundaciones de la Comunidad. Un cambio que afecta directamente al traslado del domicilio del Serla a instalaciones proporcionadas gratuitamente por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid. La Junta estima que esto generará un ahorro de hasta 110.000 euros para los ciudadanos.
Según lo establecido en la nueva ley, todas las fundaciones públicas de Castilla y León tienen un plazo de tres meses para adaptar sus estatutos a las nuevas disposiciones. A pesar de la oposición de los sindicatos en calidad de patronos, la aprobación de los nuevos estatutos será automática al término de dicho plazo, "evitando de este modo un nuevo bloqueo del Serla", según apunta un comunicado de la Junta.
Además, durante la reunión se informó que el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, en representación de la Junta, ha solicitado el reintegro de hasta 140.000 euros en subvenciones recibidas por Serla en 2022, debido a deficiencias en la documentación justificativa de estos fondos.
"Ilegalidad e inconstitucionalidad"
Fernando Fraile, secretario de Negociación Colectiva, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO CyL, ha acusado a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Empleo de estar "instaladas en la ilegalidad e inconstitucionalidad".
Según Fraile, la reciente modificación en la Ley de Fundaciones que elimina la unanimidad en la toma de decisiones de las Fundaciones Públicas "no es de aplicación al Serla". Explicó que la Fundación Serla es una fundación tripartita que tiene su origen en el Acuerdo Interprofesional de Solución Autónoma de Conflictos Laborales, que es el resultado de la negociación colectiva dentro de la autonomía colectiva de las partes.
"Por lo tanto, se están vulnerando derechos fundamentales, como es el derecho a la negociación colectiva, como es el derecho a la libertad sindical", afirmó Fraile. Añadió que la Junta de Castilla y León tiene la competencia y, por tanto, la obligación de prestar un servicio público de mediación previa a la vía judicial en los conflictos laborales, pero "no tiene la competencia para decidir dónde se presta este servicio".
Fraile concluyó que "la competencia para decidir dónde se presta este servicio la tienen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, de acuerdo con la legislación vigente y la sentencia del Tribunal Supremo que así lo establece".
Por otro lado, UGT ha denunciado que el 15 de agosto se materializará el "secuestro político decisorio" de las fundaciones públicas, el que aprueban PP y Vox, que "aplican el rodillo político en las Cortes", según señaló el secretario autonómico de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social del sindicato, Raúl Santa Eufemia. Recordó que esto será así, tal y como figura en la ley de medidas de acompañamiento del presupuesto de Castilla y León para 2024, que daba luz verde a que las decisiones en los patronatos de las fundaciones "no tendrían la necesidad de aprobar las decisiones por unanimidad y sirviese la mayoría simple".
Santa Eufemia señaló, en declaraciones recogidas por Ical, que con el resultado de la votación del patronato del Serla (cinco de la Junta a favor de modificar la ley, cuatro en contra, los de UGT y CCOO, y las dos abstenciones de la CEOE), "no procede a comenzar el cambio de reglamento de estatutos del Serla", si bien recordó que como muy tarde el 15 de agosto se acometerá lo que calificó de "secuestro político decisorio",
Santa Eufemia justificó que UGT se ha posicionado en contra porque el Serla "tiene naturaleza de origen paritario y bipartito", además de existir, añadió, una sentencia del Tribunal Supremo que pone de manifiesto la "exigencia de la unanimidad para tomar decisiones".
También rechazó el informe jurídico presentado esta tarde por la Junta para argumentar el voto a favor por la "falta de seriedad política" por la ausencia "documental en tiempo y firma", cuando se trata de una decisión "tan importante para las fundaciones públicas de la Comunidad".
Al no haber unanimidad en la jornada de hoy, el 15 de agosto "pasará a procederse el secuestro político decisorio" de los patrones de las fundaciones, ya que la Junta de Castilla y León, a través de la votación en cortes del PP y de Vox, añadió que si en tres meses no se cambiaban los estatutos y los reglamentos de las fundaciones públicas, "sería obligado cumplimiento esa ley de la decisión en los patronatos de las fundaciones públicas". Las cuentas se publicaron en el Bocyl el día 14 de mayo.
"Después de 24 años, PP y Vox han entendido que ya no les valen las reglas del juego para totalmente coartar, sobre todo, a la Fundación Serla", alertó Santa Eufemia, quien se preguntó qué sucederá en los próximos días con el resto de fundaciones.