La Junta de Castilla y León ha preferido eludir las amenazas de Vox de romper sus gobiernos en coalición con el Partido Popular, si este finalmente decide apoyar la reforma legal de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes entre las diferentes comunidades, impulsada por el Ejecutivo central y que cuenta con el respaldo del Gobierno canario, liderado por el PP.
Tanto es así, que, al ser preguntado por esta cuestión, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha optado por obviar todo lo que tenga que ver con su socio de Gobierno y centrarse en defender la postura de la institución regional, que es la de seguir siendo "tierra de acogida".
"En Castilla y León siempre hemos atendido a las personas que más lo necesitaban, siempre hemos ofrecido solidaridad y la seguiremos ofreciendo en el futuro", ha advertido el portavoz. A lo que ha añadido: "Si hay una posición de ámbito nacional de algún partido político y tiene algo que decir, es mejor preguntar directamente a ese partido", evitando así cualquier posible enfrentamiento con Vox.
Sin embargo, Carriedo sí ha aprovechado la ocasión para exigir al Gobierno central "igualdad e información" en materia de inmigración, algo que, a su parecer, escasea.
"Creemos que aquí está faltando información y que hace falta igualdad entre todas las comunidades. No se entendería que el Gobierno no canalizara bien la información", ha expresado.
En esta línea, el consejero considera que la información es necesaria para que todas las comunidades puedan "saber si va a haber una Conferencia Sectorial" y, para, que si ha habido un acuerdo con otras autonomías sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, todas "puedan participar, dar su opinión, conocer el detalle de los acuerdos y poner en marcha los servicios que fueran precisos", entre otras actuaciones.
En cuanto a la igualdad, ha criticado el hecho de que la portavoz de Junts haya expresado que ha firmado un acuerdo "con partidos que forman parte del Gobierno para que una Comunidad asuma las competencias en esta materia", dado que, a su parecer, eso supone "un trato diferenciado y singular respecto al resto".