PP y Vox condicionan las ayudas al alquiler a no rechazar una oferta de empleo y a contar con "residencia legal"
Los socios de la Junta quieren también que las personas que puedan acceder a estas ayudas tengan residencia legal en la Comunidad un año antes de la solicitud
27 junio, 2024 11:43Noticias relacionadas
La coalición de gobierno, Partido Popular y Vox, en el ecuador de legislatura ha presentado 60 propuestas de resolución como consecuencia del debate de Política General que tiene lugar en las Cortes de Castilla y León. Estas propuestas han sido presentadas por los portavoces Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, por el Partido Popular y Vox respectivamente, y destacan una batería de medidas centradas en la, la economía, la competitividad, la fiscalidad favorable, la digitalización, el apoyo al sector agrario y la protección de nuestro patrimonio natural y cultural.
Así lo recogen en las propuestas de resolución registradas de manera conjunta en el debate de política general que se votan esta mañana y entre las que incluyen en primer lugar continuar con el cumplimiento de los once ejes y 32 medidas del acuerdo de gobierno de ambos para esta legislatura.
Sin embargo, entre estas 60 propuestas destaca una que puede desatar la polémica. PP y Vox proponen retirar las ayudas al alquiler en Castilla y León a quien rechace ofertas de trabajo o formación para el empleo en el último año. Pero no es el único requisito para poder cobrarla. Los socios de Gobierno quieren también que las personas que puedan acceder a estas ayudas tengan residencia legal en Castilla y León un año antes de la solicitud.
La propuesta dice así: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a mantener en próximos ejercicios presupuestarios crédito suficiente en ayudas al alquiler y para que las bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones establezcan criterios de proporcionalidad de la ayuda en función de los ingresos, de los hijos menores y dependientes de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida; exijan residencia legal en Castilla y León un año antes del de la solicitud y no haber rechazado injustificadamente una oferta de trabajo o de acción de orientación, inserción y formación para el empleo en el año anterior al de la solicitud.”
La intención es “mantener crédito suficiente en las ayudas al alquiler de vivienda, modificando los requisitos para establecer criterios de proporcionalidad en la concesión de las ayudas”, aseguran las dos formaciones.
Los socios PP y Vox recibieron hoy el apoyo de Soria YA para que las bases reguladoras de las ayudas al alquiler de viviendas se denieguen a las personas que “injustificadamente” hayan rechazado una oferta de trabajo o de acción de orientación, inserción y formación para el empleo en el año anterior al de la solicitud.
Una medida que llega después de que muchos usuarios de las redes sociales se quejaran de que las ayudas solo llegaban a las personas inmigrantes, algo que provocó que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, tuviera que defenderse en su cuenta, acusando de que los requisitos llegaban desde el Ministerio.
En educación, piden una prueba de acceso a la universidad de las mismas características para el próximo curso 2024/2025 y seguir instando al Gobierno de España a que asuma su responsabilidad y lidere una prueba única para toda España, mantener el Programa de Actividades Extraescolares en el medio rural iniciado el curso 2023-2024 e impulsar la red de Centros Integrados de Formación Profesional con nuevas ofertas formativas.
Además, instan a la Junta de Castilla y León a finalizar a la mayor brevedad el desarrollo e implantación de la Historia Social Unica como herramienta esencial para una mejor gestión de los servicios sociales y una mejor atención a las personas que lo precisan.
También, se demanda al Gobierno la eliminación de la tasa de reposición de efectivos, incluyéndolo así en el próximo Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, a fin de que las Administraciones autonómicas, como la de Castilla y León, puedan incluir en su Oferta de Empleo Público todas aquellas plazas vacantes dotadas presupuestariamente,