El fragor de los envites parlamentarios y los tensos intercambios dialécticos entre el Gobierno y la oposición no se escuchará durante los próximos dos meses en las Cortes de Castilla y León. El pasado 30 de junio finalizó el periodo ordinario de sesiones en el Parlamento autonómico y, con ello, se suspendió la actividad legislativa en la Cámara hasta el próximo mes de septiembre. Acababa así un curso político que se ha caracterizado por una rebaja de la tensión y por la presencia de un tono más sosegado en comparación al primer año y medio de legislatura. Además, ha sido el más fructífero en lo que a aprobación de leyes se refiere, habiendo salido adelante algunas de enorme importancia, todas ellas impulsadas por las formaciones que sustentan al Gobierno autonómico, PP y Vox.

Entre las mismas, destacan las recientes normas de Patrimonio Cultural y Sanidad Animal, que salieron adelante el pasado mes de junio, o los Presupuestos Generales de la Comunidad, junto con la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que les acompaña, aprobados a finales del mes de abril y que entraron en vigor en mayo. También consiguieron el visto bueno de la Cámara autonómica la Ley de Residencias, en el mes de abril, la Ley del Juego, en marzo, la Ley de apoyo a las personas con discapacidad, en febrero, y la Ley de bonificaciones fiscales de tasas veterinarias, en noviembre, en el anterior periodo de sesiones pero dentro del actual curso político.

Con todo, y a pesar de la prolífica actividad legislativa que ha caracterizado los últimos meses de legislatura, las Cortes de Castilla y León tienen deberes para septiembre. Los grupos políticos han registrado y presentado iniciativas de gran calado durante los últimos meses que no han podido ser incluidas en los plenos del periodo de sesiones que acaba de finalizar, por falta de espacio, tiempo o por falta de voluntad. Su debate tendrá que posponerse al curso político que se iniciará dentro de dos meses, y que promete dejar grandes momentos en la Cámara autonómica, ante la importancia y la polémica de muchas de esas normas, algunas de ellas con implicaciones incluso nacionales.

La Ley de Concordia, ante la amenaza del recurso del Gobierno

La Ley de Concordia promete ser uno de los elementos de tensión más importantes en el próximo periodo de sesiones. La norma, impulsada por PP y Vox, y que sustituiría al Decreto de Memoria Histórica de los populares de abril de 2018, fue presentada a finales del mes de marzo por los portavoces de ambas formaciones, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, que destacaron que el objetivo era dar "el mismo tratamiento a todas las víctimas del periodo comprendido entre 1931 y 1978", incluyendo la etapa de la II República.

Además, la norma no menciona la palabra 'dictadura' para referirse al franquismo y contempla el derecho subjetivo de todas las víctimas a la "investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos". Inmediatamente después de su presentación, la Ley de Concordia generó un aluvión de reacciones entre los partidos de la oposición, los sindicatos y las asociaciones memorialistas que aseguraron que la norma "blanquea el franquismo" e "iguala a víctimas y verdugas".

También se pronunció el Gobierno de España, que amenazó con recurrir la norma al Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba con su redactado actual, y la iniciativa provocó la reacción también de tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advirtieron de que podía vulnerar la legislación de derechos humanos.

Este mismo lunes, en su comparecencia en el ecuador de la legislatura, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, aseguró que la Ley de Concordia está "perfectamente encuadrada en la Constitución", una argumentación que no convenció a los grupos opositores, y el PSOE ya ha advertido que hará "todo lo que esté en su mano" para que la norma no salga adelante. La polémica Ley llegará al pleno de las Cortes en el próximo periodo de sesiones, su debate se prevé especialmente tenso y su aprobación podría desencadenar una auténtica guerra con el Gobierno de España.

Violencia intrafamiliar: sin novedad después de dos años

La aprobación de la Ley contra la violencia intrafamiliar ha sido uno de los grandes objetivos de Vox desde que entró a formar parte del Gobierno autonómico, en virtud del acuerdo rubricado con el PP el 10 de marzo de 2022. Se trata de una iniciativa que va acorde con uno de los principales caballos de batalla de la formación: la idea de que la violencia de género no existe y que hay que luchar por igual contra todas las violencias, pero la norma se encuentra congelada y no se conoce avance alguno de cara a su aprobación desde que en julio de 2022, hace ya dos años, se anunciase el inicio de su tramitación.

En la negociación de los presupuestos para el año 2023, Vox logró imponerse y conseguir una importante partida contra la violencia intrafamiliar en las cuentas públicas, que se presentaron el 5 de noviembre de 2022. El partido logró que se incluyera una partida de 500.000 euros en los presupuestos autonómicos dirigida a luchar de forma específica contra la violencia en el ámbito de la familia, independientemente del sexo de las personas implicadas, y el vicepresidente de la Junta sacó pecho de que Castilla y León se colocaba en ese momento "a la cabeza" en la lucha contra la violencia intrafamiliar.

Una partida de la que llegó a presumir el entonces vicepresidente de Acción Política de la formación a nivel nacional, Jorge Buxadé, que señalaba que el objetivo de esta partida contra la violencia intrafamiliar era el de "eliminar el adoctrinamiento" y "acabar con el concepto de violencia de género". Unas palabras que levantaron una gran polvareda y que condujeron a reacciones contundentes de la oposición en las Cortes. Con todo, la prometida Ley contra la violencia intrafamiliar seguía estancada.

Vox culpó de la demora en la tramitación de la Ley a Génova y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió que seguían en su curso las alegaciones en información pública para la recepción de sugerencias para la norma, aunque el plazo para recibirlas terminó oficialmente el 31 de agosto de 2022 a las 14:00 de la tarde, hace casi dos años. Por su parte, la consejera de Familia, Isabel Blanco, aseguraba que se abrió el plazo para informar a la sociedad de que se iniciaba la tramitación de la ley "para plantear enfoques sobre hacia dónde se quiere ir". "Estamos en un proceso de elaboración de ese primer borrador, teniendo en cuenta las aportaciones y las diferentes reuniones", señalaba en septiembre de 2023.

Solo un mes después, Vox intentó acelerar la Ley y envió un borrador a la Junta e Isabel Blanco aseguró en noviembre que la Junta trabaja tanto en la Ley contra la violencia intrafamiliar como en la actualización de la norma de violencia de género, que data de 2010, con el fin de "ajustar una norma con otra, para que vayan perfectamente acompasadas". Además, recordó que la Ley contra la violencia intrafamiliar "nunca sustituirá" a la de violencia de género. 

En abril de este año, finalmente, en el marco de los presupuestos autonómicos, se aprobó una dotación de 500.000 euros en el ámbito de la violencia intrafamiliar, destinados a campañas de sensibilización y al apoyo y ayuda a las víctimas, dado que se cuenta con un "sistema que apuesta por la atención a las víctimas y a sus familias", pero no se ha vuelto a saber nada de una norma que Vox tratará de que se impulse en el próximo periodo de sesiones.

La rebelión del PSCyL ante Ferraz por el Sáhara

El curso político que se inicie en septiembre traerá consigo la que puede convertirse en la mayor fricción entre el PSOE de Castilla y León y la dirección nacional del partido de los últimos tiempos. El Grupo Socialista presentó a mediados de junio una Proposición No de Ley (PNL) enfocada en el conflicto del Sáhara Occidental, solicitando el respaldo al pueblo saharaui y el reconocimiento del "expolio" de sus recursos naturales, a pesar de las sentencias emitidas "por parte del Gobierno de Marruecos".

Un escrito con el que los socialistas de la Comunidad se desmarcaban de la línea nacional de su propio partido, ya que Pedro Sánchez cambió radicalmente de posición en marzo de 2022 defendiendo el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Cabe recordar que el presidente del Gobierno reconoció este plan como así exigía Rabat, admitiendo que ese proyecto era "la base más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto.

La PNL, presentada por Miguel Hernández, procurador socialista en las Cortes por Ávila, también urgía a reconocer al Sáhara Occidental como un "territorio no autónomo", sujeto al Derecho Internacional y que "nunca" ha pertenecido al Reino de Marruecos, así como demanda el "cese de la ocupación ilegal" para permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. 

La reacción del Gobierno no se hizo esperar y solo un día después de la presentación de la iniciativa el Ministerio Exteriores aseguró que la PNL del PSOE de Castilla y León no representaba "la postura oficial del Gobierno de España" ni se correspondía "con el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2023". Una iniciativa que será debatida en la Cámara en el próximo periodo de sesiones y que previsiblemente traerá consigo enfrentamientos, tanto entre los grupos como entre los socialistas de la Comunidad y la dirección nacional del partido.

Garantías al final de la vida: el capote de Tudanca a Igea

Este mes de junio, el PSOE de Castilla y León recuperó la proposición de Ley de derechos y garantías al final de la vida, que fue propuesta por el ex de Ciudadanos Francisco Igea y tumbada por los populares. "Es una situación inédita en esta Comunidad, porque es una iniciativa que no es nuestra, se impulsó por el PP y Ciudadanos", afirmaba Tudanca en su presentación, recordando que esta iniciativa fue votada en su día por todos los partidos, incluido el PP y excepto Vox. "Tenía todo el consenso, pero el PP en un comportamiento radical e infantil se la cargó", señalaba, haciendo referencia a la polémica entre los populares e Igea a raíz de un comentario en la red social X.

El PSCyL recuperó así esta idea e incluyó una serie de enmiendas que en su día ya fueron presentadas por el Grupo Socialista para hacer "una ley ambiciosa". "Es una norma necesaria que solo pretende otorgar los derechos y el trato digno a todas las personas en sus últimos días, en especial a las personas vulnerables, que ya está vigente en muchas otras comunidades", afirmaba el dirigente socialista. Una norma que también será debatida en las Cortes a partir de septiembre y que obligará al PP a retratarse.

El blindaje de los servicios esenciales

Otra importante ley que verá la luz en el próximo periodo de sesiones es la norma para el blindaje de los servicios esenciales en Castilla y León, que ya fue tomada en consideración por la Cámara a finales de 2023. Se trata de una norma impulsada por las formaciones que sustentan al Gobierno autonómico y que asegura que quedarán garantizados los servicios existentes en el momento de la aprobación de la ley, con "garantía de ubicación y de mantenimiento" de los centros educativos, sanitarios y asistenciales.

El entonces portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, destacó en su presentación que los servicios públicos son "la joya de la corona de la Junta" y que Castilla y León cuenta con "la mejor educación de España", "los mejores servicios sociales" y "uno de los mejores sistemas sanitarios". La proposición de ley está distribuida en seis artículos, cuenta con una disposición derogatoria y una final, y fue muy criticada por la oposición, que consideró que era "pura propaganda", "mucho ruido y pocas nueces" y que solo hacía que "blindar los recortes" en la Comunidad.

La polémica reforma del Ecyl

Otra Ley que será debatida, y previsiblemente aprobada, en la Cámara a partir de septiembre será la reforma del Ecyl, impulsada por PP y Vox. El objetivo de la misma, que ya fue tomada en consideración en noviembre, será crear un centro único directivo del organismo, con el propósito de unificar y homogeneizar competencias, además de eliminar los cargos de gerente y de vicepresidente del Ecyl, que será asumido por el secretario general del Servicio, que tendrá a la vez el cargo de secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. La Presidencia del Servicio Público de Empleo será ostentada por el consejero del ramo, en este caso, Mariano Veganzones.

Otras leyes: puestos de difícil cobertura, publicidad institucional, Ley del Ruido y agentes medioambientales

El próximo curso político de las Cortes de Castilla y León traerá consigo, además, el debate y votación de la modificación de la Ley del Ruido autonómica, de las medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y para garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León.

También se debatirá la proposición de ley de reforma de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León a propuesta del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, cuyo objetivo es prohibir en esta norma las subvenciones a medios condenados con sentencia firme.

Además, el Grupo Socialista impulsará las proposiciones de ley de Agentes Medioambientales y de Bomberos y Bomberas Forestales de Castilla y León, ambas admitidas a trámite por la Mesa de las Cortes y pendientes de la conformidad de la Junta, y Soria Ya acaba de registrar una norma con un conjunto medidas contra la despoblación de Castilla y León. Una batería de iniciativas que prometen un periodo de sesiones intenso y de gran actividad en las Cortes autonómicas tras la vuelta de las vacaciones.