El entendimiento de Feijóo con el PSOE tensa el Gobierno de coalición en Castilla y León

Gallardo endurece su discurso en inmigración e incomoda al PP

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, endureció de forma notable su discurso en materia migratoria desde la campaña de los comicios europeos y alertó el domingo 26 de mayo de la "creciente islamización" en los pueblos de Palencia y aseguró que le habían trasladado que en municipios como Saldaña ya había "más niños musulmanes que cristianos". 

Una polémica que comenzó a generar tensiones con su socio, el Partido Popular, y la consejera de Educación, la popular Rocío Lucas, se desmarcó de forma rotunda de las afirmaciones del vicepresidente. "Siempre hemos defendido que la diversidad enriquece y aporta al sistema educativo", señaló en un pleno de las Cortes, asegurando que la Junta "apoya" a los centros educativos "con independencia del origen de sus alumnos".

El día 5 de junio, solo cuatro días antes de las europeas, estallaron chispas también en el Ayuntamiento de Burgos, donde también gobiernan PP y Vox, a cuenta del intento de los de Santiago Abascal de perseguir empadronamientos ilegales de inmigrantes desde el área de Seguridad Ciudadana. La alcaldesa de la capital burgalesa, la popular Cristina Ayala, se desmarcó de la intentona, recordó que ella era la única "autoridad" sobre los agentes y aseguró que los populares no compartían la mayor parte de los puntos de la iniciativa.

Unas aseveraciones que hicieron reaccionar al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que recordó a Ayala, en una publicación en la red social X, su dependencia de Vox para mantener el bastón de mando de la ciudad. "No olvides que eres alcaldesa gracias a Vox y que nuestros votos no son gratis. Hay que actuar contra la inmigración ilegal", afirmó. Una medida que generó una gran tensión en uno de los ayuntamientos más importantes gobernados por PP y Vox en la Comunidad y que tuvo ecos también a nivel autonómico.

Al día siguiente, el vicepresidente avivó aún más el cisma endureciendo aún más su discurso contra la inmigración y utilizando por primera vez el apelativo "moros" para referirse a los inmigrantes magrebíes. A raíz de una noticia sobre una agresión de 13 jóvenes magrebíes a unos estudiantes en Salamanca, Gallardo elevó el tono en su cuenta de X. "¡Fuera moros violentos de nuestras calles!", publicó en su cuenta personal de esa red social.

Un mensaje que llegó en plena polémica en redes sociales por la publicación de las ayudas al alquiler de la Junta, ya que varios usuarios de X recriminaron a Vox que gran parte de las mismas iban dirigidas a ciudadanos extranjeros, a pesar de formar parte del Gobierno. El vicepresidente se defendió y señaló que las ayudas al alquiler social, gestionadas por las comunidades autónomas, "están reguladas por un Real Decreto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana". "Si queréis que cambien los requisitos, ya sabéis a quién votar en las próximas elecciones generales", afirmó en una publicación en X.

Después llegó la controversia por la llegada de un contingente de inmigrantes irregulares procedentes de Canarias al chalet del Pozo, en el municipio leonés de Villaquilambre, tras el reparto acordado entre el Gobierno de España y el de Canarias para distribuir a 300 menores por diferentes provincias del país. "Que los aloje la ministra en su casa o billete de vuelta a su país", escribió el vicepresidente en su cuenta de la red social X.

Pocas horas después, tanto la consejera de Familia, la popular Isabel Blanco, como el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se apresuraron a desmarcarse de las palabras de Gallardo y aseguraron que Castilla y León es "tierra de acogida" y solidaria y que iba a "continuar siéndolo". El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en que las competencias en materia de inmigración las tiene exclusivamente la consejera de Familia, Isabel Blanco, quitando validez a las declaraciones de Gallardo, y recordando que la Comunidad es "una tierra acogedora y solidaria".

El acuerdo para renovar el CGPJ aleja a los socios de Gobierno

A las tensiones a cuenta de la inmigración se sumó el pasado martes el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de cinco años de bloqueo, que simbolizó un nuevo periodo de entendimiento entre los populares y los socialistas −a la vez que ambas formaciones a nivel europeo se repartían los principales cargos institucionales en Bruselas tras los comicios del 9 de junio− y que generó un hondo malestar en las filas de Vox. 

PP y PSOE presentaron una lista conjunta con 20 nombres "de perfil profesional e independiente" para componer el nuevo CGPJ y, de esos 20, 16 provienen de la carrera judicial o fiscal. Además, también modificaron las mayorías, acordando que las decisiones más importantes sean adoptadas por mayoría reforzada de tres quintos, y no por mayoría simple. Para establecer este nuevo sistema, la reforma de la ley prevista en este acuerdo prevé que el nuevo CGPJ, en el plazo de seis meses, realice un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y presente una propuesta de reforma.

Gallardo reaccionó poco después de conocerse el acuerdo calificando de "traidores" a los populares, con los que comparte Gobierno en Castilla y León. "¿Era Vox el que daba oxígeno a Sánchez? Traidores", publicó el vicepresidente de la Junta en su cuenta de la red social X, compartiendo un vídeo del popular Esteban González Pons explicando el acuerdo. Una dura acusación que se trasladó este miércoles y jueves al debate del estado de la Comunidad en las Cortes.

Las pullas entre PP y Vox en el debate del estado de la Comunidad

El pleno del pasado miércoles comenzó con polémica tras la orden del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, de que abandonase la bancada popular, en la que se había sentado, para que se situara en la última fila junto al resto de diputados nacionales presentes en la Cámara. Un gesto que los populares interpretaron como una venganza por el acuerdo para renovar el CGPJ y que sentó especialmente mal al portavoz popular, Raúl de la Hoz. 

"Algo que ha ocurrido en otras ocasiones, esta vez no, y estaría muy bien que a algunos dirigentes de Vox les dejaran pensar por sí mismos y no estuvieran sujetos al yugo de Madrid", aseguraba De la Hoz. Vox también lanzó un dardo a los populares en el pleno recordándoles su compromiso de "despolitizar" la Justicia y les advirtieron de que, tras las recientes elecciones europeas, "se ha certificado la voluntad de cambio de los ciudadanos que desean una Nueva Derecha, un cambio ante el que no puede permanecer ajeno el PP".

"No pueden convertirse en el aliado de una izquierda en retroceso y asumir su ideario, suicida en lo energético y entusiasta con una Agenda 2030 interpretada con un signo claramente izquierdista", señaló su portavoz, Carlos Menéndez. Una situación de tensión nunca vista desde que PP y Vox rubricaron el acuerdo para gobernar juntos en Castilla y León, hace ya dos años y medio, y que ha llegado a su cota máxima tras el duro aviso de Santiago Abascal de este mismo viernes, que ha hecho sobrevolar de forma más realista que nunca la posibilidad de ruptura.

Abascal exige a Mañueco de que cumpla los "compromisos" en inmigración

El presidente de Vox ha lanzado una dura advertencia este mismo viernes a los líderes de los gobiernos regionales dirigidos por PP y Vox, entre los que se encuentra Castilla y León, y ha exigido que pongan "todo lo que está en su mano" para cumplir los compromisos en materia de inmigración ilegal. Unas declaraciones realizadas durante su intervención al finalizar la Asamblea General Ordinaria, en la que fueron aprobadas las cuentas del partido con el apoyo del 91,47% de los afiliados que han ejercido su derecho al voto.

Un tirón de orejas al presidente de la Junta, ante la posibilidad de que las comunidades autónomas cogobernadas por PP y Vox participen en el reparto de menores migrantes no acompañados que pretende aplicar el Gobierno. "Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano, repito, todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos el compromiso con nuestros votantes y cumpliremos nuestra palabra", ha advertido el líder de Vox.

Un aviso que ha abierto la puerta a la ruptura del Gobierno de coalición en la Comunidad cuando acaba de cumplirse el ecuador de la legislatura mientras la parte del PP en la Junta no parece dispuesta a ceder y sigue insistiendo en que Castilla y León es una comunidad "solidaria y de acogida". El tiempo dirá si las tiranteces quedan ahí y los de Gallardo ceden ante los populares o si la cuerda se termina rompiendo y los ciudadanos de la Comunidad vuelven a ser llamados a las urnas antes de tiempo.