Juan García-Gallardo dimitió el pasado viernes como vicepresidente de la Junta de Castilla y León después de dos años y tres meses en el cargo, tras la decisión de la dirección nacional de Vox de romper con el PP en todas las comunidades autonómas en las que compartían gobierno. La aceptación de los populares del reparto de menores inmigrantes no acompañados propuesto por el Gobierno fue la gota que colmó el vaso en una relación cada vez más tensionada y el Ejecutivo de coalición en la Comunidad, el primero que se conformó entre ambos partidos en España, terminó saltando por los aires.
En Castilla y León, la decisión de la cúpula nacional encabezada por Santiago Abascal fue acatada con lealtad al partido por parte de Gallardo, que aseguró en la comparecencia en la que anunció su dimisión que ya tenía la decisión tomada de antemano, pero no por los tres consejeros con los que contaba la formación en el Ejecutivo de coalición que Vox compartía con los populares desde abril de 2022.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, que era independiente y mantenía una estrecha amistad con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, finalizará la legislatura en el cargo y los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, se negaron a acatar la orden del partido y trataron de continuar en el cargo, aunque fueron cesados por Mañueco, que prefirió nombrar en su lugar a dos mujeres del PP: María González y Leticia García.
Se da la circunstancia de que Santonja, Dueñas y Veganzones no fueron en las listas del partido, y, por tanto, no cuentan con acta de procurador, más allá del asiento que le corresponde en la bancada del Gobierno autonómico, por lo que los dos últimos, al ser cesados, han perdido sus cargos públicos y tendrán que volver a su trabajo en el ámbito privado. No es así en el caso de Gallardo, que fue elegido como número uno en la lista de Vox por Valladolid a las Cortes en las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022 y que volverá a la bancada del partido en la Cámara, ejerciendo, a partir de ahora, como portavoz del grupo.
De vicepresidente a portavoz de Vox en las Cortes
El ya exvicepresidente, que ya ejerció como portavoz en el primer mes de la legislatura, antes de la conformación del Gobierno de coalición, desplazará al salmantino Carlos Menéndez –que ha ostentado el puesto desde abril de 2022 y que será uno de los principales perjudicados con la ruptura del Ejecutivo autonómico– en un cargo que supondrá a Gallardo un incremento en su sueldo de más de 21.000 euros en comparación a lo que percibía como vicepresidente.
Gallardo cobraba como número dos de la Junta un total de 80.000 euros brutos al año y, en su nuevo puesto de portavoz del Grupo Vox en las Cortes, percibirá 101.555 euros brutos anuales, un total de 21.600 euros más que en su anterior responsabilidad. Con todo, hay que decir que el exvicepresidente ya cobraba, en el ejercicio de su cargo, dietas por su asistencia a los plenos de las Cortes que, sumadas a su salario bruto, hacían una cantidad similar a la que percibirá en su nuevo puesto.
Se trata de una cantidad que procederá de los 1.800 euros al mes que recibirá en concepto de indemnización por gastos. Una cantidad que, además, ya perciben decenas de cargos públicos en la Cámara, cuatro de ellos de Vox, entre las que se cuentan también el resto de portavoces de los grupos del Parlamento autonómico y los miembros de la Mesa de las Cortes. Un incremento en el sueldo del joven abogado burgalés que hará que vuelva a tener unos ingresos equivalentes a los que tenía antes de entrar en política, tras su dimisión como vicepresidente de la Junta.