La inauguración de la nueva legislatura en el Parlamento Europeo, con la composición que salió de los comicios del pasado 9 de junio, que se extenderá hasta el año 2029, ha traído consigo importantes novedades. La reelección de la popular Roberta Metsola como presidenta de la Eurocámara –tras arrasar por 562 frente a 61 votos a la candidata de La Izquierda, Irene Montero– la formación de nuevos grupos parlamentarios como Patriotas por Europa, impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y del que formará parte Vox, o Europa de las Naciones Soberanas, aún más a la derecha, y el estreno de polémicos nuevos eurodiputados como Alvise Pérez, que finalmente se sentará con los no adscritos.
Pero el inicio de la nueva legislatura también ha ido acompañado de la publicación de las declaraciones de bienes y patrimonio por parte de los eurodiputados. El Parlamento Europeo tiene desde el año 2012 un Código de Conducta, dirigido a garantizar la transparencia y la integridad de los parlamentarios, que establece una serie de medidas para controlar las actividades de los miembros de la Cámara. Un texto que obliga a los eurodiputados a presentar una declaración de su patrimonio.
El artículo 5 de ese Código de Conducta detalla que los eurodiputados deben presentar esta declaración de su patrimonio en un plazo máximo de 30 días naturales desde la toma de posesión de su cargo y también deben hacerlo al terminar su mandato. La Mesa de la Eurocámara es el órgano encargado de gestionar el funcionamiento interno del Parlamento y de establecer la lista de los bienes y las deudas que los eurodiputados se encuentran obligados a declarar. Los parlamentarios deben declarar no solo bienes inmuebles, sino también ingresos, préstamos y acciones, bonos o fondos de inversión, si dispusieran de ellos.
Y ha sido precisamente a raíz de esta declaración por parte del nuevo eurodiputado del PP de Castilla y León, el exportavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, que además acaba de ser nombrado portavoz adjunto en la Eurocámara, cuando se ha desatado la polémica. El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que ha sido la auténtica némesis de De la Hoz en el Parlamento autonómico durante estos dos años y medio, con enfrentamientos constantes y descalificativos más que habituales entre ambos, ha compartido la declaración del nuevo eurodiputado vallisoletano en su cuenta de la red social X denunciando su falta de "ética".
En concreto, Igea ha señalado, apoyándose en la declaración presentada por el popular, que De la Hoz estuvo cobrando 40.000 euros anuales como abogado mientras percibía la dedicación exclusiva de las Cortes de Castilla y León, un total de 92.000 euros al año. "Era tan fácil como esperar a que llegase al Parlamento Europeo. El PP de Castilla y León y sus códigos éticos", ha publicado el procurador del Grupo Mixto en su cuenta personal de la red social X.
Igea ha señalado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que desde el punto de vista ético es "bastante insostenible" y que desde el punto de vista legal es "dudoso". "El concepto de exclusividad es por alguna razón", ha afirmado, asegurando que las Cortes "no han hecho su trabajo". "La Comisión del Procurador, según el reglamento, debería de reunirse para examinar las compatibilidades", ha comentado, señalando que este viernes ha solicitado acceder a la declaración de De la Hoz y que se está planteando impulsar iniciativas parlamentarias en este sentido.
Además, ha asegurado que "a parte de lo ético está lo estético". "Que un personaje que gana 92.000 euros por un trabajo tan escaso aún mantenga actividad en un despacho de abogados es bastante lamentable", ha afirmado, asegurando que "tiene mucho que ver con el concepto de la ética del PP". "Nosotros exigíamos que las cosas fueran transparentes y esto es lo que hace el Partido Popular en cuanto está a solas", ha zanjado.
Fuentes del Grupo Popular, por su parte, han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que la actividad como abogado de De la Hoz "no es una actividad por cuenta ajena, es una actividad económica profesional compatible con las percepciones recibidas en las Cortes". "No hay ninguna norma que lo prohiba para procuradores, ni la Ley Electoral de Castilla y León ni el Estatuto de Autonomía ni el Reglamento de las Cortes", han señalado.
Se da la circunstancia de que el propio Igea perdió la dedicación exclusiva de las Cortes bajo acusaciones de transfuguismo en el mes de abril, a propuesta de Vox y con el consentimiento del Grupo Popular, que se abstuvo. Una decisión que salió adelante gracias al voto de calidad del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y que se basó en la expulsión de Igea de Ciudadanos, en septiembre de 2023. Un episodio más de la eterna pugna entre Igea y De la Hoz, ahora separados por miles de kilómetros físicamente pero aún muy presentes el uno para el otro.