La nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León entrará en vigor el 27 de septiembre tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre las novedades que incluye el texto sobre la norma de 2002, a la que sustituye la nueva ley, destacan la creación de un centro del patrimonio cultural como registro único, la introducción de dos nuevas figuras de protección para conjuntos industriales y paisajes culturales, la zona de amortiguamiento incluida para dotar de mayor protección a los BIC, o la importancia de todos los caminos de Santiago que pasan por la Comunidad.

En el apartado de nuevas figuras, que se completa con la protección de conjuntos industriales y paisajes culturales, recoge unas zonas de amortiguamiento, adyacente o no, para la protección adicional de sus valores, de acuerdo con el modelo internacional emanado de la UNESCO. En ellas, se limitará la creación, por ejemplo, de parques eólicos, entre otras actividades económicas.

Otra de las novedades de la ley, es la creación del Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público que dará mayor seguridad jurídica y facilitará la participación a los ciudadanos.

Además, la importancia de los Caminos a Santiago por Castilla y León determina la creación por Ley de una fórmula de gestión propia, el Sistema de Patrimonio Cultural de los Caminos a Santiago en el territorio de la Comunidad, con el objeto de preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Santiago de Compostela

La Ley incluye también un capítulo dedicado especialmente a los agentes sociales y gestores de los bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el que se regula la competencia de la Junta de Castilla y León y se detalla el papel que tiene la Comunidad en este reconocimiento.

Otra novedad en este ámbito fue clarificar los deberes que ciudadanos y administraciones tienen en relación con los bienes patrimoniales. Así, se ha recogido en artículos concretos de la Ley las obligaciones que la norma anterior recogía de forma dispersa a lo largo de su articulado.

La norma recoge también un nuevo régimen sancionador con multas de hasta 10.000 euros (leves), hasta 200.000 (graves) y 600.000 (muy graves) y compatibilizará la protección y conservación del mismo con el aprovechamiento social y económico del territorio donde se asienta ese legado histórico y artístico.