Más de 14 artículos de la Constitución vulnerados y hecha para "delincuentes": los argumentos de la Junta contra la Ley de Amnistía

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía, que es el primero que se presenta en España. Así lo ha informado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien ha comparecido junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, para explicar el acuerdo adoptado que cuenta con más de 20 folios.

Un recurso que en el anterior Consejo de Gobierno ya anunciaban que sería presentada formalmente por los letrados de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia antes del 11 de septiembre, "sin agotar el plazo", y concretamente será el próximo martes día 10. En este sentido, Gago explicaba que el Gobierno regional entiende que "se vulneran más de 14 artículos de la Constitución Española y está hecha para delincuentes". En este sentido, han elaborado el conjunto del recurso argumentándolo en cuatro bloques y confían al "100%" en que el Tribunal Constitucional lo estime ya que "hay argumentación suficiente para entender que la Ley de Amnistía debe decaer".

El primero de ellos, amparado en la legitimación de la Comunidad autónoma para presentar el recurso. Gago explicaba que todas las comunidades tienen derecho a recurrir cuando crean que "se ven afectadas por una ley del Estado". No solo eso, sino que recordaba que la figura de la Amnistía "no aparece en el texto constitucional" y, sin embargo, "afecta a todos los derechos fundamentales y esenciales". Por este motivo, afirma que "quiebra el Estado de Derecho" y que la Constitución es "flexible, interpretable, pero en ningún caso movible y sin límites". 

"La Democracia no existe fuera de la Constitución, nace con ella y se protege con ella", explicaba. Asimismo, criticaba que la Amnistía "no solo perdona la pena, sino que se dice que nunca ha habido esa actividad delictiva". Por otro lado, subrayaba que se "rompe el principio de separación de poderes" y que se "vulnera la independencia judicial y hay injerencia del poder Ejecutivo".

Otro de los grandes bloques es la calificación de esta ley como "singular". Y el cuarto bloque dirigido a la "impugnación de artículos o disposiciones del texto legal". Por otro lado, argumentan que esta ley "va más allá y afronta la modificación de dos leyes generales" como es el caso del Código Penal y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Finalmente, el consejero de la Presidencia ha respondido al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien este miércoles aseguraba que el recurso caería "en saco roto" al carecer, según sus palabras, de "fondo jurídico". Unas declaraciones que ha tildado de "exceso verbal" ya que, argumenta, "sin conocer el contenido es difícil opinar". Por ello, recordaba que es un acuerdo del Gobierno regional que entienden que es "legítimo" y le pide "prudencia y contención en este tipo de declaraciones".

Artículos de la Constitución vulnerados

La Junta de Castilla y León ha expresado cuáles son los artículos de la Constitución que se vulneran y los motivos:

-Artículo 1.1: Quiebra del Estado de derecho y del principio democrático

-Artículo 9.3: Reforma encubierta de la Constitución mediante Ley Orgánica

-Articulo 14: Quiebra del principio de igualdad entre españoles

-Artículo 15: Supresión del derecho a la integridad física y moral

-Artículo 16: Discriminación entre ciudadanos por su ideología política

-Artículo 17: Supresión de los derechos de libertad y seguridad

-Artículo 24: Impedimento del cumplimiento de los fallos judiciales

-Artículo 55: Vulneración de la autoridad judicial en el dictado de medidas cautelares

-Artículo 62: Aplicación encubierta de un instrumento jurídico no permitido: los indultos generales

-Artículo 81: Aplicación de un instrumento jurídico no previsto en la Constitución

-Artículo 96: Vulneración del Tratado de la Unión Europea

-Artículos 117 y 118: Injerencias en las competencias del Poder Judicial

-Artículo 139: Quiebra de la igualdad territorial entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas

La Junta pide "igualdad" en los Presupuestos del Estado

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido "igualdad" en los próximos Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de España ha anunciado este jueves que presentará al Congreso.

El consejero pedía que fueran "buenos" y aseguraran "la igualdad entre españoles y territorios", atendiendo así a las "demandas históricas". En este sentido, confiaba en que "no sean al servicio de los separatistas que apoyan al Gobierno" y lamentaba que en los anteriores sólo dos comunidades vieron bajar el porcentaje de inversiones, una de ellas Castilla y León.

Un recurso contra la financiación singular para Cataluña

Carriedo ha reiterado la voluntad de la Junta de presentar un recurso ante el acuerdo de financiación singular para Cataluña, que ha facilitado la investidura de Salvador Illa. Sin embargo, ha recordado que es necesario que este "se formalice" mediante un acto jurídico o administrativo que, por ahora, nos se ha producido.

Por tanto, están a la espera de su publicación para -como con la Ley de Amnistía- llevarlo a cabo. Un documento de "desigualdad e insolidaridad" y "genera ciudadanos de primera y segunda". Por ello, desde la Administración autonómica se oponen "radicalmente" y aseguran que estarán "pendientes" a su publicación para la presentación del recurso. 

"Tiene que haber un modelo justo que se negocie de forma multilateral con todas las comunidades autónomas. No uno que genere desigualdad, insolidaridad o se negocie con un partido separatista y se quiera imponer", matizaba. En este sentido, afirma que es un sentir compartido por una "gran mayoría de comunidades autónomas de todo signo político".

Falta de médicos en Castilla y León

El portavoz de la Junta ha asegurado que hay un "trecho relevante" entre reclamar más médicos al Ministerio de Sanidad y denunciar el hecho ante la Fiscalía por considerarlo un delito, según había reclamado la Asociación del Defensor del Paciente.

Carriedo reconocía que hay una "escasez" de profesionales y que es competencia del Gobierno, pero de ahí a "inferir que hay un delito o denuncia ante la Fiscalía por ese hecho, hay un trecho". Del mismo modo, aseguró que es un asunto sobre el que han incidido para debatir en la próxima Conferencia de Presidentes ya que "interesa mucho" a la Comunidad.