Castilla y León vive una situación inédita desde hace dos meses. En julio, tras la ruptura del Gobierno de coalición entre PP y Vox, la Comunidad pasó a estar gobernada por un Ejecutivo en minoría por primera vez en más de 30 años y los populares se vieron abocados a buscar el consenso y el diálogo con el resto de grupos.

Desde ese momento, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comenzó a dejar entrever su intención de impulsar una enmienda a la totalidad a gran parte de las políticas que él mismo favoreció cuando gobernaba con Vox, en un intento de dar una imagen de moderación.

Este jueves, esa intención de dar un giro de 180 grados con respecto a la línea de los dos últimos años se ha hecho aún más evidente, con el rechazo del PP a la toma en consideración de la Ley de Concordia, que los populares presentaron y registraron con Vox hace seis meses. Una norma que elogiaron en multitud de ocasiones.

Pero la metamorfosis de los populares no se ha limitado a esa Ley, ya que el Gobierno de la Junta ha dado un giro de 180 grados en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, apostando por impulsar el Diálogo Social, manteniendo el actual modelo y pagando las deudas del Servicio de Relaciones Laborales (Serla).

En el departamento de Agricultura, la nueva consejera, María González Corral, ha alabado la Agenda 2030 y en materia migratoria, Mañueco ha dejado de hablar de inmigración "ordenada" −lo acordado en el pacto con Vox− para limitarse a señalar que Castilla y León es una comunidad "solidaria y de acogida".

Unos vaivenes que se suman a los que los populares ya mostraron cuando compartían Gobierno con Vox, con el ejemplo del protocolo antiaborto, anunciado por el entonces vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y que finalmente no llegó a aplicarse.

Miriam Chacón ICAL

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Ley de Concordia

La aprobación de la Ley de Concordia fue uno de los objetivos prioritarios de Vox desde que entró a formar parte del Gobierno de coalición en marzo de 2022 y el PP nunca ocultó su voluntad de demorarla al máximo.

De hecho, no sería hasta pasados dos años desde la conformación del Ejecutivo, en abril de este año, cuando por fin fue presentada y registrada por ambos grupos en mitad de una gran polémica y de tensiones con la oposición, con el Gobierno de España e incluso con tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A pesar de la polémica, los miembros del PP en el Gobierno alabaron siempre la norma, aseguraron que mejoraba el Decreto de Memoria Histórica impulsado por ellos mismos en abril de 2018 y subrayaron en todo momento que se ajustaba plenamente a la Ley y a la Constitución. Pero la ruptura con Vox cambió las tornas.

Desde que se conformó el nuevo Gobierno en solitario de los populares, tras la salida de los de García-Gallardo en julio, las dudas acerca del futuro de la norma se han acrecentado, ante la falta de claridad tanto de los responsables del Ejecutivo como del Grupo Popular. Una incertidumbre que ha puesto en alerta a Vox.

Este lunes, el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, ya sembraba dudas con respecto a la aprobación de la norma y este jueves, después de que Vox pidiese la inclusión en el pleno de la próxima semana de la toma en consideración de la norma, los populares se han negado, pidiendo un informe del Consejo Consultivo.

Un claro intento de los populares de mantener en el cajón una Ley que les es incómoda en esta nueva etapa en solitario en la que pretenden dar una imagen de moderación y templanza de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Miriam Chacón ICAL

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La Mesa, finalmente, ha decidido incluir la norma en el orden del día del próximo pleno, y el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, ha anunciado que votarán en contra de su toma en consideración al no contar con ese informe que consideran "necesario" y "esencial" para seguir adelante con su tramitación.

Todos los grupos de la oposición se han mostrado sorprendidos por la decisión del PP, pero especialmente su exsocio, Vox, cuyo portavoz, Juan García-Gallardo, ha asegurado que Mañueco "no tiene palabra" y ha afirmado que Gavilanes ha hecho un "ridículo espantoso" tratando de "boicotear" la tramitación de la ley.

Diálogo Social

El Diálogo Social ha sido otra de las grandes materias en las que el Gobierno del PP en solitario ha dado un giro de 180 grados con respecto a la etapa en la que compartió el Ejecutivo de coalición con Vox. 

El exconsejero de Industria, Comercio y Empleo Mariano Veganzones, de Vox, se caracterizó siempre por su beligerancia con sindicatos y patronal, redujo las subvenciones a UGT, CCOO y la CEOE, trató de desmantelar el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) y quiso reformar el Servicio Público de Empleo (Ecyl).

Con su salida del Ejecutivo, en virtud de la ruptura de julio de este año, fue sustituido en el cargo por la popular Leticia García que anunció desde un inició su intención de impulsar el Diálogo Social y de mantener el modelo. Además, abonó las deudas del Serla y se reunió con sindicatos y patronal para reencauzar las relaciones.

Un cambio que fue ratificado este mismo lunes por el propio Mañueco, en una reunión con los representantes de UGT, CCOO y CEOE, donde se comprometió a mantener el modelo en el que se reconoce la representatividad de esas organizaciones y aseguró que el Diálogo Social "está más vivo que nunca".

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Un cambio de políticas que no ha gustado a Vox, que ha acusado a los populares de haber "vuelto al redil" y de "plegarse a los sindicatos" haciendo que recuperen los "privilegios" que, a su juicio, habían perdido en la etapa en la que Veganzones estuvo al frente de la Consejería.

Agenda 2030, inmigración y protocolo antiaborto

También se ha producido un notable cambio en lo que se refiere a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cuyo logo presidía los presupuestos autonómicos antes de la llegada de Vox al Gobierno y que desapareció tras la entrada de los de Juan García-Gallardo, contrarios a su aplicación.

Precisamente, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural fue una de las más beligerantes contra la Agenda 2030 y las imposiciones de la Unión Europea en la etapa de Gerardo Dueñas, de Vox, ya que la formación consideraba que esas políticas perjudicaban a agricultores y ganaderos.

La nueva consejera, la popular María González Corral, en cambio, hizo un encendido elogio de la Agenda 2030 en su comparecencia en las Cortes de esta semana, asegurando que "es un plan de acción en favor de las personas" y que sus objetivos "son buenos" para los agricultores, para los ganaderos y para las futuras generaciones.

En lo relativo a la inmigración, el PP también ha modificado su discurso. Si en el pacto con Vox, rubricado en marzo de 2022, se comprometía a favorecer una inmigración "ordenada", en los últimos meses Mañueco se ha limitado a decir que Castilla y León es una comunidad "solidaria y de acogida".

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, que fue la representante del Gobierno que personalizó la aceptación del reparto de menas del Ejecutivo central −que causó la salida de Vox− y que ha insistido en que la política migratoria de la Junta seguirá por el mismo camino.

Otra cuestión polémica, en la que el PP ya mostró sus contradicciones cuando compartía el Gobierno con Vox, fue el conocido como protocolo antiaborto, que ofrecía a las madres una ecografía en 4D del feto y escuchar el latido fetal con el objetivo de desincentivar las prácticas abortivas.

Una medida que fue anunciada por Gallardo y por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y que, en un inicio, la parte del PP en la Junta no discutió, aunque terminó no aplicándose tras un requerimiento del Gobierno central. Con todo, la medida sigue publicada en la página web de la Consejería de Sanidad a día de hoy.

Un conjunto de contradicciones y vaivenes que han definido la acción política del PP durante los últimos meses en la Comunidad y que han alejado cada vez más a los populares de su exsocio mientras el PSOE no termina de creerse su repentino cambio. La sombra del adelanto electoral está cada vez más cerca en Castilla y León.