Los exsocios de Gobierno en Castilla y León hasta el pasado mes de julio, PP y Vox, han unido este miércoles sus votos para sacar adelante dos Proposiciones No de Ley (PNL) de los populares en materia de okupación y contra la Ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada por el Parlamento Europeo.

La primera de ellas, para exigir a la Junta y al Gobierno de España medidas contra la ocupación de viviendas y la segunda exigiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez que rechace en el Consejo Europeo la Ley de Restauración de la Naturaleza que "perjudica a los agricultores y a los ganaderos".

Además, ha salido adelante, gracias a la abstención de Vox, una iniciativa del PSOE pidiendo la reforma de la Ley del Juego y los exsocios han tumbado otra PNL de los socialistas exigiendo la eliminación de subvenciones a los medios de comunicación que difundan "noticias falsas" y otra promoviendo una reforma de la Ley del Juego.

Leticia Pérez ICAL

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Okupación

PP y Vox han sumado sus votos este miércoles para aprobar en las Cortes una iniciativa de los populares que insta a la Junta a que articule una ventanilla de atención al ciudadano o un canal de comunicación con las víctimas directas y de vecinos de inmuebles afectados por ocupaciones ilegales. 

También insta al Gobierno autonómico a que proceda a denunciar las ocupaciones ilegales y las defraudaciones de fluido eléctrico y al Ejecutivo central a la modificación "inmediata" del RDL 1/2021.

Por otro lado, pide que se realicen las reformas legislativas "necesarias" para acabar con la concepción de morada o domicilio de un inmueble ocupado, que se reconozca la capacidad jurídica de las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas y que se reconozca al administrador de fincas como denunciante.

Además, insta al Gobierno a realizar reformas para desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente "en un plazo máximo de 24 horas", a reforzar la pena del delito de usurpación con penas de hasta tres años de cárcel y a tipificar en el Código Penal la pertenencia a mafias y la conexión ilegal a las redes de suministro.

Por último, la iniciativa insta al Ejecutivo a prohibir la inscripción en el padrón municipal a los ocupas de una vivienda y a mantener la consideración de residencia habitual del propietario de una vivienda, si lo era antes de la privación ilegítima de su propiedad. 

Restauración de la naturaleza

El Grupo Popular también ha logrado sacar adelante con el apoyo de su exsocio, Vox, una Proposición No de Ley (PNL) instando a la Junta a trasladar al Gobierno "su posición contraria a la Ley de Restauración de la Naturaleza aprobada por el Parlamento Europeo".

Leticia Pérez ICAL

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Y le han requerido que, "si de verdad está del lado de una verdadera sostenibilidad ambiental, económica y social" que "solicite iniciar los trámites para la derogación de dicho Reglamento en el próximo Consejo Europeo". Este último aspecto, fruto de una enmienda de Vox, ya que el PP obviaba que la norma ya había sido aprobada.

El procurador de Vox Miguel Suárez ha recordado el "aplauso" del PP a la Agenda Verde Europea. "Fueron ustedes los que hace unos meses paseaban de romería a la señora Von der Leyen, que trabajaba para sacar adelante la Ley de Restauración de la Naturaleza", ha denunciado, recordando el nombramiento de Teresa Ribera.

Suárez ha lamentado el problema de "personalidad múltiple" de los populares y ha recordado que todo lo que critican en la iniciativa es fruto de "su sacrosanta Agenda 2030". También ha calificado al PP de "mentiroso y desleal" y ha recordado que la Agenda 2030 fue suscrita en 2015 por el expresidente popular Mariano Rajoy.

Y ha presentado dos enmiendas, una de ellas técnica pidiendo al Gobierno "que solicite iniciar los trámites para la derogación de dicho Reglamento en próximo Consejo Europeo", recordando a los populares, que pedían en un inicio que se posicionase en contra de dicha Ley en el Consejo Europeo, que ya se ha aprobado.

Noticias falsas

PP y Vox han tumbado una iniciativa del PSOE instando a la Junta a no contratar publicidad institucional con aquellos medios de comunicación que incumplan el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

También a aquellos que "de forma habitual difundan noticias falsas o bulos", que hayan sido condenados reiteradamente por "no respetar el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen o que tengan en su plantilla periodistas condenados" por ese motivo.

"Dicha prohibición será extensiva a consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial, consorcios, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria o fundaciones del sector público", añaden.

La procuradora socialista Ana Sánchez ha recordado que la Junta "ha adjudicado más de dos millones de euros a medios ultras" en el último año. "Cientos de contratos menores, están financiando medios y pseudomedios ultras. Es un compromiso de ética y de decencia", ha afirmado.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, por su parte, ha considerado que no deberían recibir publicidad institucional aquellos que hayan sido condenados reiteradamente, pero ha pedido que se limite esta prohibición a los condenados.

L. Pérez ICAL

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"El problema en esta Comunidad no es la difusión de noticias falsas es la no difusión de las verdaderas", ha afirmado. También el procurador de Podemos, Pablo Fernández, ha mostrado su apoyo a la iniciativa. "Es bochornoso que estén utilizando dinero público para financiar a pseudomedios que se dedican a difundir bulos", ha dicho.

El portavoz adjunto de Vox David Hierro ha denunciado que "viene a hablar de bulos la procuradora que negó la agresión a Vox en País Vasco" y ha recordado las "mentiras" de Pedro Sánchez cuando dijo que no pactaría con Bildu, que no haría vicepresidente a Pablo Iglesias o que no habría amnistía.

El procurador popular Pablo Trillo, por su parte, ha asegurado que la iniciativa de los socialistas es "una intimidación de los medios de comunicación".

Restricciones al juego

Por otra parte, ha salido adelante, gracias a la abstención de los 12 procuradores de Vox, una PNL del PSOE instando a la Junta a acordar la tramitación de un nuevo proyecto de ley que modifique la normativa sobre el juego y las apuestas en los municipios de la Comunidad.

El objetivo de la misma era incorporar "medidas más restrictivas que las actualmente vigentes sobre la implementación de establecimientos específicos de juego y apuestas en el suelo de uso predominantemente residencial en Castilla y León".

"Que se incluya la ampliación de las distancias entre estos establecimientos de juego y apuestas y las zonas de influencia de todo tipo de centros de enseñanza de cualquier nivel y de dichos establecimientos entre sí, además de establecerse nuevas limitaciones en relación a la proximidad de instalaciones deportivas", añadían.

Una iniciativa que ha contado con el apoyo de los procuradores del Grupo Mixto, Francisco Igea y Pablo Fernández, que han asegurado que el del juego es un caso de "clientelismo político" y que han calificado de "vergüenza" que no se prohíba que una casa de apuestas "pueda situarse a menos de un kilómetro de un colegio".