El procurador popular Óscar Reguera interviene en el pleno de las Cortes de este miércoles ante la mirada del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco

El procurador popular Óscar Reguera interviene en el pleno de las Cortes de este miércoles ante la mirada del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco Miriam Chacón ICAL

Región

Los exsocios rechazan una moción de inmigración pero Vox se queda solo defendiendo la gestión de Veganzones

Los populares han pedido a los de Gallardo que no sean "el caballo de Troya del PSOE" en Castilla y León.

25 septiembre, 2024 10:15

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Los exsocios de Gobierno en Castilla y León, PP y Vox, han unido su sentido de voto en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas este miércoles para rechazar una moción del PSOE que instaba a la Junta a cooperar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para favorecer la "acogida de población inmigrante" en la Comunidad.

La iniciativa de los socialistas, además, instaba a la Junta a adoptar las medidas "pertinentes" para visibilizar el compromiso del Gobierno autonómico contra los "discursos discriminatorios" contra los inmigrantes, a modificar la Ley de Cooperación al Desarrollo y a impulsar un nuevo Plan Estratégicco de Cohesión Social.

Por el contrario, Vox se ha quedado solo defendiendo una moción en la que instaba a la Junta a continuar con la línea política del exconsejero Mariano Veganzones al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Una iniciativa que solo ellos han apoyado y que ha sido rechazada por el PP, que les ha pedido que no sean "el caballo de Troya del PSOE" en Castilla y León, y por el resto de la oposición.

Moción sobre inmigración

PP y Vox han tumbado con sus 43 votos la moción sobre inmigración que ha presentado el PSOE y que ha sido apoyada por los 37 procuradores de los grupos de la oposición en bloque.

La iniciativa de los socialistas instaba a la Junta a cooperar con el Gobierno para favorecer la acogida de población inmigrante en Castilla y León, dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados entre las comunidades en la Conferencia Sectorial de Infancia de traslados de los menores inmigrantes no acompañados.

A adoptar las medidas "pertinentes" para visibilizar el "compromiso inequívoco" de la Junta contra los discursos "discriminatorios" dirigidos contra la población inmigrante, acordar medidas para incrementar el presupuesto para las políticas de cooperación internacional para alcanzar el 0,1% este año y el 0,7% en 2030.

Además, a remitir a las Cortes de manera "urgente" un proyecto de ley para modificar la Ley 9/2006 de 10 de octubre de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León para adaptarla a la Ley 1/2023 de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

Y dentro del marco del Diálogo Social, a iniciar las negociaciones hacia un nuevo Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Migrantes y la Convivencia Intercultural, con "perspectiva de género".

Defensa de Veganzones

Vox se ha quedado solo defendiendo la gestión de Mariano Veganzones al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo (2022-2024) e instando a la Junta a mantener y ejecutar los programas diseñados bajo la nueva Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral aprobada por el exconsejero en el mes de julio.

Una iniciativa que ha contado solo con los 12 apoyos de los procuradores de Vox y que ha sido rechazada por el PP, que ha defendido la gestión de la actual consejera, la popular Leticia García, y por el resto de grupos de la oposición.

La iniciativa instaba a seguir reduciendo el gasto político en materia de participación institucional dentro del Diálogo Social, reconduciendo el importe de esas reducciones a conseguir una participación más "democrática y plural" reconociendo a "todos los agentes sociales y económicos".

Y a retomar las reducciones de financiación del servicio privado de la Fundación Serla atendiendo a las "necesidades reales" del servicio y sometido a "un control de gasto".

Por último, se instaba al Patronato de la Fundación Serla a trasladar su sede a dependencias públicas de la Junta con el fin de ahorrar "100.000 euros anuales en gastos de arrendamiento y suministros" y en aplicación del principio de "estabilidad presupuestaria".