La Junta de Castilla y León ha mostrado su posición clara de no modificar la Ley del Juego, aprobada hace apenas cinco meses, tras la Proposición No de Ley presentada por el PSOE en las Cortes de Castilla y León.
Una proposición que se aprobó gracias a la abstención de Vox. Con ella, instan a la Junta a reformar la Ley del Juego con el objetivo de que esta sea aún más restrictiva. En este sentido, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido en que lo acaban de hacer "recientemente".
"La Proposición No de Ley no es una obligación directa, sino una inspiración", sentenciaba. En este sentido, recordaba que la Ley del Juego se reformó en 2024 con una "amplia mayoría parlamentaria" y que, si ahora hay mayoría para hacer otra cosa, están "en su derecho de impulsarlo".
Una reforma que busca aumentar la distancia entre las casas de apuestas y los centros escolares a más de los 150 metros contemplados en la regulación actual. En este sentido, Carriedo ha recordado que en la modificación de junio, precisamente se ampliaba dicha distancia.
Por otro lado, ha matizado que "se ha dificultado la implantación de este tipo de instalaciones". Asimismo, cree que el riesgo de juego no está en "dónde poner una máquina tragaperras, casino, bingos o casas de apuestas", sino más bien en "Internet y los móviles".
"Esa es la regulación que hay que hacer", afirmaba, a la par que recordaba que es "competencia del Estado". Y, por tanto, "si alguien cree que el juego es un riesgo y hay que perseguirlo, tiene que hacerlo a través de la ley estatal".
Ley de Vivienda
La Junta de Castilla y León ha rechazado la "amenaza o advertencia" del Gobierno de España de condicionar la financiación al cumplimiento de la ley de vivienda, que recoge la declaración de zonas tensionadas, entre otras medidas.
"No queremos aplicar en Castilla y León políticas que fracasan", aseguro el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Afirmó que en la Comunidad las propuestas "funcionan" y que el acceso a la vivienda es "más fácil".
Carriedo respondía así a las declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que aseguró que la financiación del Gobierno central a las comunidades para la política pública de vivienda estará "condicionada al cumplimiento de la ley".
De forma que, una "insumisión" a la norma tendrá "consecuencias". En este sentido, Carriedo criticó que el Gobierno actúe de manera "sumisa" con los partidos separatistas y sea "amenazante" con las comunidades autónomas que tienen un "claro compromiso con el proyecto común de España".
"Parece que quiere quitar recursos al conjunto de comunidades para hacer frente al pago del precio político que le exigen sus socios. No aceptamos ni discriminaciones ni privilegios, desigualdades ni amenazas", sentenció.
