Castilla y León se ha convertido en un auténtico cementerio de residuos peligrosos en España. La Comunidad cuenta en la actualidad con el 17,65% de los vertederos de este tipo de residuos, que se encuentran repartidos en dos provincias, Valladolid y Soria, a la que se podría sumar la de León en un futuro próximo.
Así lo ha advertido en un estudio Civio.es, un medio sin ánimo de lucro que ha recopilado los datos de los 361 vertederos de España la clase de residuos que almacenan, dividiendo entre inertes, peligrosos o no peligrosos, su denominación, la comunidad en la que se ubican y su número de autorización ambiental.
El estudio, elaborado por Ter García y María Álvarez del Vayo, ha destacado que Castilla y León cuenta con tres vertederos de residuos peligrosos, siendo el mayor de ellos el de Los Barriales, ubicado en el municipio vallisoletano de Santovenia de Pisuerga y que cuenta con 1.140.000 metros cuadrados.
A continuación, se encontrarían el de Pozaldez, en Medina del Campo, con 217.000 metros cuadrados, y el San Esteban de Gormaz, en Soria, con 155.613 metros cuadrados, ambos ligados a empresas dedicadas a la fundición de plomo.
Santovenia de Pisuerga
En el primer caso, el de Santovenia de Pisuerga, el vertedero se encuentra en un polígono industrial y cuenta con una capacidad de más de un millón de metros cúbicos de residuos peligrosos.
Se trata de un espacio que recibe cada año entre 60.000 y 85.000 toneladas de aparatos electrónicos, aceites, amianto, pilas y demás tipos de materiales de desecho cancerígenos, tóxicos, inflamables y explosivos.
Este vertedero vallisoletano se inauguró en el año 1993 y se encuentra gestionado por la empresa Cetransa, que, en la actualidad, está tramitando una prórroga con el objetivo de alargar su vida una década más.
Este controvertido vertedero ha protagonizado sonoras polémicas ya que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo en 2001 y por el Tribunal Constitucional solo dos años después, en 2003. Finalmente, la Junta de Castilla y León optó por declarar el vertedero de interés regional para legalizar la instalación.
Medina y San Esteban
El segundo vertedero de residuos peligrosos ubicado en la Comunidad es el de Pozaldez, en el municipio vallisoletano de Medina del Campo, que es propiedad del grupo estadounidense Clarios, y se dedica al reciclado de baterías usadas importadas, fundamentalmente, de países europeos.
A ese mismo propósito se dedica el tercero de los vertederos de residuos peligrosos presente en Castilla y León, el del municipio soriano de San Esteban de Gormaz, que forma parte del grupo estadounidense Exide y que se vincula, concretamente, al reciclado de baterías de litio.
Nuevo vertedero en León
Además, a estos tres vertederos de residuos peligrosos ubicados en la Comunidad, que suponen el 17,65% de los presentes en España, se podría sumar en un futuro próximo uno en el municipio leonés de San Justo de la Vega, junto al de residuos municipales de la localidad.
Una instalación que está planificada en una zona de agua subterránea y superficial en la que se pretende almacenar hasta cinco millones de toneladas de residuos, un millón de ellos peligrosos.
Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción, ha asegurado que se trata de una instalación "problemática por su emplazamiento y porque no tiene la cobertura del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, que dice que no hace falta ninguna instalación más de vertido de residuos peligrosos para la comunidad".
Y ha señalado que la expectativa es importar residuos desde otros puntos a este nuevo vertedero leonés, ante la cercanía de las comunidades de Galicia y Asturias.
Política autonómica
El representante de Ecologistas en Acción ha vinculado esta elevada concentración de vertederos de residuos peligrosos en Castilla y León con la "laxitud" de la política autonómica de residuos y con la despoblación.
"Los promotores privados no esperan recibir respuesta social, así que llevan más de dos décadas planteando proyectos de vertederos de residuos tóxicos y peligrosos, pero hemos conseguido bloquear varios de ellos a través de la movilización social e interponiendo recursos administrativos o judiciales", ha zanjado.
Castilla y León, una comunidad indisolublemente unida a los vertederos de residuos tóxicos y que comparte con Aragón la más alta concentración de los mismos, englobando entre ambas autonomías una tercera parte de las instalaciones de estas características que se encuentran en España.