El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha acusado al Gobierno de España de “urbanita” con la gestión del lobo, al considerar que “gobierna en Moncloa, solo para Moncloa y para las grandes ciudades", a las que según Quiñones “también está perjudicando, porque con esta decisión va en contra de los productos alimentarios de gran calidad”.

En este sentido, el consejero, que ha realizado estas declaraciones en 'Los desayunos de Ical', también ha apelado directamente a la vicepresidenta Teresa Ribera, recordándola que "esta decisión la puede dejar sin efecto en cualquier momento, mañana mismo, porque está siendo muy dañina”.

Tras la decisión tomada esta semana por los embajadores y ministros del ramo de la Unión Europea de suavizar la protección de este cánido, el consejero ha afirmado ahora es el Ejecutivo el que “tiene que mover ficha", sacando al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), al que introdujo en 2021 por “razones ideológicas, sin ninguna justificación, en contra de todo y de todos”.

Suárez-Quiñones ha confiado en que la tramitación iniciada esta semana en Bruselas para suavizar la protección de lobo no se retrase en el tiempo, aunque ha confesado que hasta diciembre no se reunirá la Convención del Convenio de Berna, que data de 1979, en la que se discutirá esta cuestión entre más de 50 estados.

A ello ha añadido que será durante 2025 cuando ya se pueda relajar de estricta protección a simple, un proceso que, tal y como ha desvelado, “es sencillo”.

El consejero ha aprovechado su intervención para recordar que fue en 1992 cuando la Directiva Habitat recogió la regulación marcada en el Convenio de Berna, para establecer que se podía gestionar la caza del lobo en toda Europa, salvo al norte del río Duero, en España, y otro territorio en Grecia.

Pero en 2021 el Gobierno de España, en contra de las autonomías loberas, “del PP y del PSOE”, decidió “aumentar la protección”, con su inclusión en el Lespre.

A su juicio, en los dos últimos años de vigencia de esa protección se han incrementado los daños un 34% y “está sometiendo a la ganadería extensiva y semiextensiva a una auténtica pesadilla, donde los ganaderos abandonan”.

En este sentido, ha incidido en que su departamento les compensa los daños de “forma voluntaria”, pero el profesional “lo que quiere es tener su ganado, y lo que necesita Castilla y León es tener quesos y carnes excelentes, y eso no se hace con indemnizaciones, sino con el ganado”.

En cualquier caso, ha celebrado que después de este año de tramitación para trasponer y ejecutar lo que dice el Comité a Cámara, finalmente, la decisión tomada esta semana, y ratificada este jueves por los ministros, vaya en la misma posición que la manifestada “reiteradamente” por la Junta.

No obstante, sí ha afeado que esta modificación haya recibido el voto a favor de 21 de los 27 estados, entre los que no estaba España, que, junto a Irlanda, lo hizo en contra, mientras que se abstuvieron Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica.

Teresa Ribera

En sus declaraciones recogidas por Ical, el consejero ha cargado contra la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, por votar contra los “intereses” de Castilla y León, cuya gestión cinegética ha definido como “muy responsable y equilibrada en estos últimos años, garantizando el estado de conservación favorable del lobo, pero con unos daños limitados”.

Asimismo, ha acusado a la ministra “dejar correr la pelota”, argumentando que a pesar de la decisión de esta semana en la UE queda mucho camino.

“Si realmente Europa decide acabar con la estricta protección, afecta a Segovia, Ávila, Salamanca y parte de Zamora, que no es poco, porque los mayores ataques están en Ávila y podremos recuperar la posibilidad de gestionar la especie. Pero ojo, el Gobierno podría hacer lo mismo, voluntariamente, y establecer la estricta protección e incrementarla como ha hecho al norte”, ha expresado.

Por todo ello, Suárez-Quiñones ha incidido en la “responsabilidad” que recae sobre el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, que “sigue enrocado en una sostenella y no enmendalla, en una huida hacia adelante, votando en contra del resto de Europa, yendo en sentido contrario y rebelde”.

“Esto refleja una falta total de conocimiento por parte del Gobierno español de la realidad del medio rural, que no le interesa para nada”, ha espetado.

"Es voluntad del Gobierno sacar mañana mismo al lobo del Lespre. Que no engañen a nadie, ni a los ganaderos ni al territorio, que la situación creada y que estamos viviendo de forma dramática en el medio rural es responsabilidad del Gobierno y puede acabar con ella hoy”, ha sentenciado.

Finalmente, el consejero le ha pedido a Teresa Ribera que asuma la cartera de la Transición Limpia, Justa, Competitiva y Competencia con “la responsabilidad, la sensibilidad y el compromiso con la ganadería española y con el medio rural”.