Las diputaciones de Castilla y León, representadas en cierta medida por las de Zamora, Valladolid, Segovia y Ávila, han aunado este jueves fuerzas para reclamar en conjunto una "financiación local" para dejar de "competir en inferioridad de condiciones".

Los presidentes de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, la de Valladolid, Conrado Íscar, la de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y la de Ávila, Carlos García, han abordado todas estas cuestiones en el foro 'Retos del municipalismo en Castilla y León', organizado por este periódico en el Seminario Menor de San Atilano de Zamora.

En una mesa moderada por la directora de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, Silvia García, los cuatro han coincidido en la necesidad de una "financiación justa" que les permita prestar los servicios en los municipios, algo que llevan reivindicando muchos años.

Según ha explicado Faúndez, las diputaciones son "ese organismo de cercanía al que los alcaldes pueden recurrir cuando tienen un problema". "Son entidades cercanas, de segunda línea o las administraciones más cercanas después de los propios ayuntamientos", ha subrayado.

Unos organismos que tienen la capacidad de "socorrer y ayudar" a los municipios de su provincia en las competencias propias, pero también "en otras que nadie quiere y que por sensibilidad con el territorio y las personas nos toca echar una mano".

Para Faúndez, los criterios de financiación actuales están "obsoletos", dado que se establecen en función del número de población y el esfuerzo fiscal directo e indirecto, en ese orden. Algo que provoca que "estemos compitiendo en inferioridad de condiciones".

Conrado Íscar ha apoyado la idea de su homólogo y ha reforzado el concepto de que la competencia principal de las diputaciones es "resolver un problema que tenga un vecino". En este sentido, ha destacado que la carga de trabajo de las instituciones provinciales es "cada vez mayor".

Y, además, ha celebrado que, "afortunadamente, las diputaciones ya no se cuestionan", refiriéndose a corrientes políticas que abogaban por eliminar estas instituciones. Para Íscar, fue la pandemia la que "puso en valor el papel que hacíamos las Administraciones públicas".

Para el presidente de la Diputación de Valladolid, estas instituciones han demostrado ser "eficientes y eficaces", gracias a un presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, "que cree en el municipalismo".

Frente a él, un Gobierno de España que "ataca al mundo rural". "Esa es la realidad, ese agravio. No se puede legislar igual para la capital de España que para Aguasal (Valladolid)", ha apuntado. En este sentido, ha defendido que es "imposible" asentarse en el mundo rural si la legislación se aplica "igual que en las capitales".

Conrado ha puesto el foco en la lucha para lograr esa "financiación justa", algo que de la mano de la Junta es "bastante fácil" frente a un Gobierno nacional que "tiene abandonado al mundo rural".

Por su parte, De Vicente ha defendido que las políticas públicas de su equipo de Gobierno tienen que ser "los verdaderos acompañantes en los ciclos vitales de las personas". Ha denunciado que el denominado 'cupo catalán' "altera de manera significativa lo que era el contexto de la financiación".

Respecto a esto, ha asegurado que la financiación "ya venía lastrada desde el ámbito local porque nunca se ha abordado" y ha asegurado que transferir todos los impuestos a Cataluña es algo que "vamos a sufrir las corporaciones locales también", no solo desde el punto de vista autonómico. "Tiene más trascendencia de la que se está dando", ha añadido.

Para De Vicente, la bolsa de la negociación de la financiación tiene que disponer de "bastantes factores discriminatorios", poniendo el foco en la discriminación positiva de la ruralidad, que "se tiene que tener en cuenta".

García, durante su turno, ha recordado que la única ley que regula el marco competencial de ayuntamientos y diputaciones sigue "exactamente igual" desde 1985. "Ahora las competencias se han multiplicado por dos o tres", ha lamentado.

Respecto a la ley que regula la inyección económica, aprobada en 1988 y modificada en 2004, ha apuntado que "probablemente sea la ley con mayor equidad y más desigualitaria aprobada por un Gobierno de esta nación". 

En este sentido, considera que si los ayuntamientos y diputaciones se consideran importantes, hay que "financiarlos y crear oportunidades". "Hace algunos años meramente éramos beneficiarios de convocatorias y ahora somos colaboradores necesarios. Somos cofinanciadores de competencias impropias", ha resaltado.

Finalmente, ha reivindicado que para buscar un "modelo de futuro que tenga en cuenta a las diputaciones, no puede haber diputaciones que en sus presupuestos puedan decir que destinan cerca de 2.000 euros por cada vecino y otras 800".

Proyectos

Las diputaciones provinciales están en constante movimiento para tratar de dinamizar la economía de sus territorios. Prueba de ello son los innumerables proyectos que impulsan para dotar a sus municipios de la importancia que realmente tienen.

En el caso de Zamora, una de las iniciativas a destacar es la feria Fromago, que para Faúndez y su equipo ha supuesto "un examen" en el que han jugado con "una cierta ventaja", ya que han buscado "rodearnos de los mejores".

También se ha incidido en la gestión del agua, para la que la Diputación de Zamora ha impulsado las plantas de depuración compactas y portables. "Tenemos la obligación de prestar los mejores servicios y el dinero público hay que administrarle con "rigor", ha apuntado.

Conrado Íscar, por su parte, ha destacado el proyecto pionero de los cajeros móviles, que ya dan servicio a 175 municipios. En la lucha contra la exclusión financiera, el presidente de la Diputación de Valladolid ha reconocido que encontraron "dificultades" en la puesta en marcha de un servicio nuevo como este.

Pero, a pesar de ser "de competencia impropia", decidieron apoyarle para dar resupuesta a sus vecinos. "cuando hay una necesidad los primeros que salimos al auxilio de los ciudadanos somos las Administraciones públicas", ha destacado.

La provincia de Segovia, por su parte, ha hablado del programa 'Nuestros pueblos, nuestras fortalezas'. Una iniciativa que se enmarca dentro de las políticas de "pequeños logros" de la Diputación y que surgió a raíz de la "fortaleza que dio el Covid a las instituciones".

"Para poner en valor ese trabajo de manera anónima y silenciosa que se había realizado en todos los municipios", ha resaltado De Vicente. Una "oportunidad" para "dar cuenta del compromiso de todos para sacar la situación adelante" y que se ha extendido hasta ahora. 

Ávila Auténtica, la marca agroalimentaria propia de la Diputación abulense, es otro de los proyectos que han salido a la palestra. Según ha destacado García, el objetivo es "dignificar el trabajo" de sus vecinos.

Con 14 años de historia, aglutina a alrededor de 350 empresas agroalimentarias, hosteleras, de autónomos, etc. que suponen un foco de creación de empleo en la provincia. Ávila Auténtica pretende "visualizar el éxito de todas estas empresas".

"Para provincias rurales como Ávila, tener una marca colectiva que dignifica y defiende el sector primario es algo que desde la Diputación vamos a seguir invirtiendo y exponiendo", ha zanjado.