Castilla y León reclama al Gobierno 210 millones más por la liquidación de 2022

La Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves que enviará un requerimiento al Gobierno de España para tratar de recuperar hasta 210 millones de euros que, a su juicio, no han sido correctamente liquidados sobre el ejercicio presupuestario de 2022. 

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha asegurado que ese desfase se debe a decisiones que ha tomado el gobierno "unilateralmente" que han supuesto más costes o menos ingresos. 

Además, ha advertido de que la Junta irá a los tribunales si no hay acuerdo "dentro del plazo".

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La Junta ha adoptado este acuerdo para el envío del requerimiento con el objetivo de plantear "el interés general de la Comunidad, la adecuada gestión de los servicios públicos que han de estar correctamente financiados, así como la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional".

Según ha informado Carriedo, requerimiento previo se establece "sin perjuicio de las posibles acciones posteriores que competen a la Comunidad autónoma" y busca alcanzar "un acuerdo satisfactorio sobre esta materia" entre ambas administraciones publicas.

Y todo ello, según ha asegurado el Consejero, con el objetivo de asegurar la adecuada financiación de los servicios públicos "de calidad" que presta la Comunidad.

Juan Lázaro ICAL

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Vía judicial

Carriedo ha denunciado que el Gobierno está tomando decisiones que "afectan a los gastos e ingresos" de las comunidades "sin contar con ellas". "Entendemos que si alguien toma decisiones sin contar con las comunidades, debe asegurar la financiación de esa decisión", ha señalado.

Además, ha asegurado que son "varias" las comunidades que han demandado solución a esta cuestión y que este requerimiento tiene que verse "como voluntad de diálogo, porque es una vía previa a la judicial, un requerimiento al Gobierno para intentar llegar a un acuerdo".

"Queremos que se establezca un mecanismo para que en las decisiones se tengan en cuenta las opiniones de las comunidades. Esperamos que el acuerdo se produzca y solo iríamos a la vía judicial si no hay un acuerdo antes de agotar el plazo establecido", ha zanjado.