José Ramón Jiménez, técnico de CCOO CyL, Juan Carlos Hernández, el coordinador del sector autonómico de CCOO CyL

José Ramón Jiménez, técnico de CCOO CyL, Juan Carlos Hernández, el coordinador del sector autonómico de CCOO CyL Rubén Cacho ICAL

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CCOO pide a la Junta nuevas ofertas de empleo extraordinarias para este 2024: "Faltan efectivos"

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Desde Comisiones Obreras se llevó a cabo una solicitud ante la Junta para que se dé comienzo a los trámites de aprobación de una oferta de empleo público extraordinaria para la Administración Genera en este 2024.

Todo ello con el “número suficiente”, para poder recuperar los efectivos “perdidos” y así, “afrontar las crecientes competencias que se deben prestar.

Además, “deben hacerse partícipe de la misma a las distintas consejerías y organismos autónomos de administración autonómica para que alcance a todos los servicios prestados por la misma”.

Juan Carlos Hernández, coordinador del Sector de la Administración Autonómica de FSC de CCOOCyL, ha explicado que esa falta de personal en los servicios administrativos provoca uno de los “lastres más importantes a los que se enfrenta la Junta a la hora de poder prestar todos los servicios públicos de su competencia”.

Además de que “se haga en las mejores condiciones posibles para su personal y para los destinatarios de los mismos”.

Esa tasa de reposición de efectivos en las diversas leyes de aprobación de los PGE “han venido reduciendo”, por lo que las posibilidades de incorporar nuevo personal y sustituir a aquellas personas que por jubilación u otra circunstancia han dejado de trabajar en el servicio público en esta administración.

La reposición de efectivos ha señalado que es de “obligado cumplimiento” por todas las administraciones públicas en el transcurso del ejercicio de aplicación de los presupuestos para los que está aprobada.

No obstante, “solo es de aplicación a la Administración General del Estado en los casos en los que se produzca una prórroga presupuestaria para aquellos ejercicios en los que se prorrogan los presupuestos, teniendo en cuenta que únicamente se prorrogan los créditos iniciales del ejercicio anterior”.

De esta manera, la prórroga quiere decir que no a la Ley donde se insertan los estados numéricos de previsión de ingresos y de autorización de créditos para gastos, sino a los presupuestos.

Ya que la ley de presupuestos tiene, en principio, vigente indefinida, salvo aquellos preceptos de su articulado que limitan aquélla al ejercicio económico en cuestión.

Por ello, “como la restricción de la OEP tiene vigencia anual (la última para 2023), la prórroga de 2024 sin ninguna regulación al respecto hace decaer la restricción a la tasa de reposición de efectivos que tenía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023”.

Por lo que no sería aplicable al resto de Administraciones públicas el art. 20 LPGE 2023 respecto a la referida tasa de reposición en la OEP 2024, en la que se vería limitado si apareciera un incremento de gasto.

El coordinador ha trasladado que esos presupuestos generales del estafo no se han llegado a aprobar y, por ello, están en una situación de prorroga los de 2023 y que la OEP “no genera nuevo gasto”.

Por lo que, finalmente “no puede ampararse en la existencia de la tasa de reposición para limitar el número de plazas ofertadas en la OEP de 2024, próxima a negociarse y aprobarse”.

Reposición

Por su parte, la Junta de Castilla y León “viene reiterando desde hace años su inequívoca demanda de la necesidad de eliminación de la tasa de reposición de efectivos en las leyes de presupuestos generales del estado”.

“Como así nos ha participado en todas las mesas de negociación que sobre estos aspectos hemos compartido”.

Una postura que CCOO defiende tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Y, de esta manera, la decisión que ha tomado la administración para no aplicar la norma restrictiva será respaldada por la central sindical.

Si a la “falta de efectivos en la inmensa mayoría de cuerpos, escalas y categorías profesionales”.

Especialmente en los puestos ubicados en el medio rural, se une la obligación de reducir el porcentaje de temporalidad en el empleo público hasta el ocho por ciento y el “elevado volumen” de aquellos que llegan a la jubilación.

Además, afirmó que la conclusión apunta a la “imprescindible” convocatoria extraordinaria de un número de plazas que permita “recuperar el empleo público perdido durante tantos años de congelación o limitación en las ofertas de empleo público que se han venido produciendo desde hace más de una década”.