Quiñones acusa al Gobierno de "engañar a los tribunales" y defiende que los informes sobre el lobo son "intachables"
- El consejero asegura que se elaboraron por funcionarios "muy rigurosos" y que la sentencia "no es firme porque aún cabe recurso".
- Más información: El TSJCyL anula el plan que permitió cazar 339 lobos al norte del Duero en Castilla y León entre 2019 y 2022
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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara "ilegal" la caza de 339 lobos que autorizó la Junta entre 2019 y 2022.
Una sentencia que anuló el Plan de Aprovechamientos Comarcales del lobo en terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León.
Reiteró que "todavía no es firme" ya que "cabe recurso". Y Quiñones asegura que "no tiene eficacia porque son temporadas pasadas y no se caza desde 2021". En este sentido, respondía tajante: "Los tribunales han sido engañados por el Gobierno de España".
Afirma que "no tiene eficacia práctica" y que los informes técnicos que están en el expediente de la orden de inclusión del lobo en el ESPE de ese año, figuran datos sobre que el lobo estaba en conservación favorable.
"La sentencia no puede ser de otra forma, parte de un hecho que es que el Gobierno comunicó en 2019 en un comunicado que el lobo estaba en España en una situación desfavorable. Un informe erróneo que adolecía a la realidad", añade.
Del mismo modo, criticaba que el Ejecutivo nacional debería "alimentarse" de los informes de las comunidades autónomas ya que, añade, "el lobo estaba y sigue estando en un estado favorable".
Por otra parte, sostiene que desde la Junta cuando controló la caza del caza del lobo lo hacía "jurídicamente legitimada" ya que cumplían con la Directiva Hábitat. También defiende que está "técnicamente legitimada" puesto que se basaban en "informes de los funcionarios de la Comunidad".
Estos, tal y como ha aclarado, analizaban la población del lobo por la comarca y si el ejemplar a abatir ponía o no en riesgo el crecimiento del grupo. De este modo, defendió que la situación "real" de la especie tanto en la Comunidad como en el país "no es desfavorable".
Por último, expresó su satisfacción porque ahora el Gobierno sí haya contado con las comunidades autónomas para elaborar el nuevo informe que tiene que remitir a Europa.
Informó que a finales de noviembre publicarán los datos recabados por Castilla y León y, afirma, que demostrará que el estado de conservación del lobo es "favorable", lo que provoca daños que están "lastrando y diezmando" la cabaña ganadera y el medio rural de la Comunidad.