Una vez más los temas nacionales se han colado en las Cortes de Castilla y León, y el gran protagonista ha sido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para el que las Cortes han pedido su dimisión.
En este caso, Vox y PP han vuelto a ir de la mano para señalar al fiscal general. Así, el Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado con los votos a favor de PP, Vox y del procurador Francisco Igea y el rechazado del PSOE y de Pablo Fernández (Podemos) una PNL del Grupo Popular para censurar la actitud de García Ortiz.
“No se busca dividir sino fortalecer el sistema de justicia, una justicia más integra”, resumió el procurador del PP, Ricardo Gavilanes, que sostuvo que el Gobierno del PP “nunca” ha concedido amnistías a “delincuentes”.
Como es lógico, el PSOE ha votado en contra y ha defendido el labor del fiscal, ya que “cumplió con su deber de perseguir delitos y proteger la verdad”. Además, ha aprovechado para criticar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Desde cuándo es un delito desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso?", se ha preguntado.
El procurador Miguel Suárez Arca ha planteado una enmienda de adicción para exigir la inmediata dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ante la degradación institucional causada por la corrupción endémica en torno al Partido Socialista Obrero Español".
Inmigración ilegal
Por su parte, las Cortes de Castilla y León han rechazado el discurso de expulsión migratoria para “evitar el efecto llamada” que defendió Vox con una Proposición No de Ley que no contó con el apoyo de ningún otro grupo, dado que el Partido Popular consideró que la crisis migratoria que vive España “no se resuelve” con las propuestas de Vox sino “desde la solidaridad”.
En este caso, Vox se ha quedado solo en una PNL de inicio de la jornada y que ha creado mucha polémica.
Uso de móvil en menores
En lo que sí ha estado casi todo el mundo de acuerdo es en otra PNL de Juan García-Gallardo. Lo ha hecho con el voto a favor de casi toda la oposición, salvo Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, se ha abstenido, y curiosamente con el rechazo del grupo popular. El de Vox ha conseguido instar a la Junta a regular el uso de dispositivos digitales en menores de edad en los centros educativos de la Comunidad y a limitar ese uso como herramienta educativa.
Mapa de transportes
Por otro lado, el Pleno de las Cortes de Castilla y León ha sacado adelante una PNL del Grupo Popular para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible retire el borrador del nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera.
Ha contado con el apoyo de Vox, UPL y Soria Ya y Por Ávila, pero el voto contrario del Grupo Socialista y los procuradores del Grupo Mixto Pablo Fernández y Francisco Igea.
El procurador del PP, David Beltrán, ha puesto sobre la mesa que se suprimirán 474 paradas en 346 municipios y ha culpado de ello a Pedro Sánchez. Por su parte, el PSOE ha vuelto a tachar de "bulo" las afirmaciones sobre la supresión de paradas.
Exclusión social
PP y Vox volvieron a votar juntos para rechazar la elaboración y puesta en marcha de una Estrategia autonómica contra la pobreza y la exclusión social, una PNL presentada por el grupo socialista.
Canal del Pisuerga
Además, el PP vio luz verde a su propuesta para instar al Gobierno de España a que agilice los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las modernizaciones de regadío en Castilla y León. También para reconsiderar la DIA desfavorable para la modernización del regadío del Canal del Pisuerga, gracias al apoyo de Vox y la abstención de la mayoría del resto de la oposición, con un solo voto negativo.
Residencias
Los grupos Popular y Vox en las Cortes de Castilla y León han tumbado hoy la propuesta de Podemos para aumentar las residencias públicas para mayores y personas dependientes en la Comunidad, bajo la perspectiva defendida por el PP de que la ratio de plazas públicas es más alta que la media nacional, a lo que el procurador de Podemos en la Cámara, Pablo Fernández, replicó que no son suficientes por la cantidad de personas mayores existentes en Castilla y León a los que la Junta, aseveró, “deja desamparados”.