Caso Perla Negra: condena a los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, a Juan Carlos Sacristán y seis empresarios

La Audiencia de Valladolid ha dado a conocer hoy a las partes la sentencia por el conocido como Caso Perla negra, sobre irregularidades en el proceso de compra y alquiler del Edificio de Soluciones Empresariales, ubicado en Arroyo de la Encomienda, y por la compra de parcelas para ejecutar el polígono industrial de Portillo, que nunca llegó a ejecutarse.

Tras veinte sesiones de juicio en el que llegó a comparecer como testigo el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, entre el 26 de febrero y el 8 de marzo la Sección Segunda de lo Pena de la Audiencia de Valladolid dejó visto para sentencia el caso en el que se han visto implicados dos viceconsejeros de Economía, siendo consejero Tomás Villanueva, ya fallecido; dos directores de la empresa pública Gesturcal y siete empresarios.

El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, declara como testigo juicio sobre el ‘caso Perla Negra’ R. Cacho ICAL

Decenas de testigos y peritos declararon por los hechos ocurridos entre 2005 y 2010, y para los que el ministerio público establece un sobrecoste en la compra del inmueble de unos veinte millones de euros con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles, especialmente Urban Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L., así como a los particulares que las gestionaban.

La Junta se personó como acusación particular, y también el PSOECyL, que ha descrito lo ocurrido como el mayor caso de corrupción del Partido Popular en Castilla y León.

Las condenas: de cárcel a multas millonarias

La Audiencia Provincial de Valladolid condena al que fuera viceconsejero de Economía Rafael Delgado a dos años y seis meses de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como a tres años y seis meses de inhabilitación por otro delito de prevaricación administrativa.

Por el contrario, ha sido absuelto de los delitos de revelación de secretos, negociación o actividad prohibida, fraude a la Administración, cohecho y organización criminal, de los cuales se retiró la acusación.

El exviceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, principal acusado en el ‘caso de la Perla Negra’ ICAL

También impone una condena de dos años y dos meses de inhabilitación para cargo público a la también exviceconsejera de Economía Begoña Hernández, y la absuelve de los mismos delitos de los que fue absuelto Delgado.

Llegada de acusados y abogados a declarar a la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso 'Perla Negra'. En la imagen Begoña Hernández(I) R. Valtero ICAL

Asimismo, condena al exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán a dos años, un mes y quince días de inhabilitación por un delito de delito continuado de prevaricación administrativa. En cambio, ha sido absuelto de todos los delitos de los que se le acusaba a Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal.

El exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán (2D) a su llegada a la Audiencia Leticia Pérez ICAL

También condena a los empresarios Germán José Martín Giraldo (11 meses de prisión) y Ángel Román Montes (11 meses de prisión), de Urban Proyecto PM3, ambos por los delitos de violación de secretos.

Los empresarios Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba; y Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, los tres de Parque Empresarial Portillo, han sido condenados a 7 meses de prisión cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, y a una multa de 1.470.000 euros cada uno, más de 4,5 millones en conjunto.

Llegada de Alberto Esgueva junto a su abogado para declarar en la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso 'Perla Negra R.Valtero Ical

La Junta estima "parcialmente resarcido" el daño

La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado sentencia condenatoria "parcialmente de conformidad" con lo solicitado respecto a los delitos y las penas en el escrito de acusación formulado por la Junta de Castilla y León.

Respecto al total de las penas impuestas de prisión y de inhabilitación, según un comunicado emitido por la Consejería de la Presidencia, "son las que más se aproximan a la acusación formulada por la Junta de Castilla y León, siendo las solicitadas por las otras acusaciones más elevadas".

"La Junta de Castilla y León ve parcialmente satisfecha la responsabilidad civil de los acusados que exigía en su escrito de acusación. En concreto, la sentencia condena a los acusados RDN, GJMG y ARML a pagar, de forma solidaria, por el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo la cantidad de 4.512.066,29 euros a la Administración autonómica, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Urban Proyecta PM3 S.L. Por otro lado, por el caso de los terrenos de Portillo, condena a los acusados RDN, LARG, FEG, LARH y CGM a indemnizar en la cantidad de 2.026.198,37 euros a la Junta de Castilla y León, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Parque Empresarial de Portillo S.L. y de Cementos La Bureba S.L.", apunta la Junta.

La Audiencia Provincial de Valladolid considera la intervención de la Junta de Castilla y León en su papel de acusación particular como "especialmente relevante" para el desarrollo y el enjuiciamiento de la causa, y por eso condena a los acusados al pago de sus costas judiciales, no apreciando lo mismo en el caso de la acusación popular.

Respecto a la posibilidad de interposición de recurso contra esta resolución judicial, ya que la sentencia es definitiva pero no firme, la Administración autonómica anuncia que estudiará "detenidamente los fundamentos de la sentencia", y decidirá posteriormente si presenta dicho recurso, sin perjuicio de la presunción de inocencia y del legítimo ejercicio de derecho de defensa de los condenados, que también podrán recurrir.