La Pirámide de los Italianos, en la provincia de Burgos ICAL
La Fiscalía archiva la denuncia de la ARMH contra Santonja por declarar como BIC la Pirámide de los Italianos
Santiago Mena ha asegurado que el monumento "cumple y recoge" las condiciones establecidas en la Ley de la Memoria Democrática.
Más información: Denuncian ante la Fiscalía a la Junta de Castilla y León por proteger la Pirámide de los Italianos
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La Fiscalía de Castilla y León ha archivado este viernes la denuncia por un presunto delito de prevaricación presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, por declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) la Pirámide de los Italianos.
Este monumento se erigió en agosto de 1939 para inhumar los restos de más de 300 soldados fascistas italianos del Corpo Truppe Volontarie (CTV) caídos en la sangrienta batalla del Escudo, un choque decisivo en julio de 1937 que condujo semanas después a la conquista de Santander por los sublevados.
Según el decreto de archivo, el acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2024 por el que se declara BIC la citada instalación "cumple y recoge" las condiciones establecidas en la Ley de la Memoria Democrática ya que impone a su titular el deber de incorporar una mención orientada a la reinterpretación del mismo.
Además, se asegura que el Gobierno de España no había puesto "ninguna objeción a que se declare el estatuto de protección que pudiera corresponder al inmueble, siempre que se incorporase esta alusión".
Por otro lado, no se aprecia en la actuación del consejero "arbitrariedad o injusticia" dado que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los trámites esenciales que establece la legislación y se señala que no consta que el titular de la Pirámide "haya recibido apoyo público alguno".
La Fiscalía no ve delito de prevaricación y asegura que la tramitación del expediente "no es una decisión que suponga una clamorosa violación del ordenamiento jurídico" ni puede entenderse que la intención de la Junta fuera oficializar una decisión previamente tomada, tal y como aseguraba la ARMH en su denuncia.
