La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado por presunta prevaricación a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía General del Estado, por la protección que el Gobierno autonómico le ha dado a la Pirámide de los Italianos, un monumento funerario dedicado a los soldados italianos que respaldaron el golpe de Estado franquista en 1936.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, ha expresado su profundo rechazo a la decisión de proteger este monumento, y ha indicado que "no se puede enaltecer a quienes vinieron a España para apoyar un golpe de Estado y asesinar a quienes trataban de proteger la democracia. Los fascistas italianos que murieron ayudando a Franco no merecen ningún honor en democracia y la Junta de Castilla y León pretende tratarlos honorablemente que es una forma de enaltecer el sufrimiento de sus víctimas".

Y añade que "nadie entendería que con dinero público se erigiera o protegiera un monumento a la memoria de un grupo terrorista porque una sociedad democrática no puede festejar la destrucción de una democracia"..

La Junta de Castilla y León ha argumentado que su intención no era promover un expediente informativo imparcial, sino más bien formalizar una decisión ya tomada previamente, la cual consistía en conservar y divulgar el monumento en cuestión como un bien de interés cultural. Según la resolución emitida por la Junta, la "Pirámide de los Italianos" es un santuario funerario construido entre 1938 y 1939 en el puerto del Escudo, en el término municipal del Valle de Valdebezana (Burgos), para inhumar los restos de soldados italianos caídos durante la Guerra Civil Española.

Sin embargo, la ARMH sostiene que esta decisión viola la Ley 20/2022, que prohíbe la exaltación de elementos relacionados con la sublevación militar y el franquismo, así como la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que prohíbe la concesión de subvenciones para actividades contrarias a la memoria democrática. La asociación argumenta que la protección otorgada al monumento implica el uso de fondos públicos para exaltar un periodo oscuro de la historia española, lo cual es inaceptable en una sociedad democrática.

El proceso legal iniciado por la ARMH busca esclarecer si la decisión de proteger la Pirámide de los Italianos constituye un acto de prevaricación por parte de la Junta de Castilla y León. La Fiscalía General del Estado deberá ahora llevar a cabo las diligencias necesarias para determinar si hubo irregularidades en la actuación del gobierno regional y, en caso afirmativo, tomar las medidas correspondientes. Mientras tanto, el debate sobre la memoria histórica y el tratamiento de los vestigios del franquismo continúa generando controversia en España.