Ribera anuncia una partida de 20 millones para la compensación de daños por los ataques de lobo

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció hoy que el Gobierno tiene presupuestada una partida de 20 millones de euros para las estrategias de convivencia con grandes carnívoros como el lobo y el oso, dedicados principalmente a la gestión y compensación de daños en el supuesto del ataque de estos carnívoros al ganado, según la información recogida por la agencia ICAL.

Ribera sostuvo, durante su visita a la localidad abulense de La Adrada, que el Gobierno está centrado, tras la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), en la aprobación de “estrategias de gestión” que requieren un “acompañamiento económico” para aquellos vecinos que “sientan que está en riesgo su actividad económica”, en relación a los ganaderos.

Es por ello que aseguró que el Ministerio ya tiene prevista una partida de 20 millones de euros dentro de la creencia de que se debe realizar “una identificación rápida de los procedimientos de compensación y prevención para saber con suficiente antelación las zonas de peligro y expansión y la capacidad de intervención con controles poblacionales allí donde resulte necesario”.

Esto otorgará una “mayor garantía y seguridad jurídica” que la legislación previa a la introducción del lobo en el Lespre en todo el territorio, puesto que la comunidad científica “ponía de manifiesto que seguir manteniendo el lobo como especie cinegética ni mejoraba la conservación de la especie ni mitigaba o reducía el impacto en la ganadería extensiva”.

Por ello, y desde la intención “no de generar un problema para la ganadería, sino de garantizar la convivencia de la especie con las actividades de los pueblos ganaderos”, se incluyó al lobo en el Lespre como primer paso que ahora se acompañará de “agilizar las medidas de respuesta y dar seguridad en los momentos en los que haya que intervenir con controles poblacionales”.

En ese sentido, pidió la colaboración de todas las comunidades autónomas, entre ellas Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, que la ministra señaló que “están en su derecho” de presentar un recurso judicial que paralice cautelarmente la inclusión del lobo en el Lespre, pero a las que también pidió “una respuesta concreta” sobre cómo abordar cuestiones como las medidas de respuesta.

En todo caso, y con respecto al recurso, Ribera recordó que “el dictamen del Consejo de Estado deja poco lugar a las dudas sobre la legalidad y el acierto” de la inclusión del lobo en el Lespre, matizando además que “no es la máxima protección”, por lo que confió en “poder establecer, mantener y recuperar un espíritu de trabajo conjunto con las comunidades autónomas, capital para ofrecer respuestas a los ciudadanos que puedan ver con preocupación la prohibición de la caza”.

Estrategias de gestión poblacional

Sí reconoció Ribera que la inclusión del lobo en el Lespre genera “preocupación” en poblaciones donde “la extensión de la ganadería y la suelta de animales en montaña se ha ido produciendo en paralelo a la pérdida de la presencia del lobo”, por lo que ahora se habrá de analizar “qué ocurre si vuelve a estar más presente” el cánido “en esas zonas”.

En ese sentido, Ribera aseguró que la estrategia de gestión en la que trabaja el Gobierno “pretende acompañar las medidas preventivas de aviso y protección de la ganadería extensiva” con un “mejor conocimiento de la especie y su recuperación de hábitats”, en “estrecha conexión” con los ámbitos académicos y de gestión de las Comunidades autónomas, para la “intervención desde agentes públicos de la autoridad”, con el objetivo de que “cuando se produzca una situación de tensión o ataques por algún ejemplar, se puedan establecer algunas estrategias de gestión”.

En cualquier caso, Ribera explicó que aún “hay que ver cómo se perfila” para dotar de un régimen “compatible en todo el territorio” a esas estrategias de gestión del animal por las autoridades públicas en caso de que se produzcan ataques, desde una capacidad “mucho más ágil de identificación, con arreglo a criterios comunes de valoración y compensación de las pérdidas”.