Almacenan animales muertos y ganado sin identificar en pastos y explotaciones de Ávila e intentan transportarlo sin control sanitario

La Guardia Civil de Ávila ha investigado a cuatro personas por presuntos delitos de falsedad documental, maltrato animal y contra la salud pública. 

Fue a finales del pasado mes de julio cuando comenzó la investigación después de que varios agentes encontraran tres cadáveres de vacas en avanzado estado de descomposición en una zona de pastos comunales en la que pastaban otras vacas; además de doce terneras sin identificación auricular y varias vacas con sus becerros, también sin identificar en cinco explotaciones ganaderas conjuntas de uso común, pertenecientes a la localidad de San Martín del Pimpollar. 

Después de casi un año de investigaciones policiales, análisis de libros de registro e inspecciones en las cinco explotaciones bovinas conjuntas, la Guardia Civil logró descubrir que los cuatro propietarios, integrantes de una misma familia, habían cometido varias infracciones administrativas al incumplir las condiciones mínimas de bioseguridad por almacenar animales muertos en explotaciones ganaderas, no comunicar a la Junta de Castilla y León dichas muertes y, por si esto fuera poco, no tener identificado al resto del ganado. 

Fuentes de la Guardia Civil aclaran, además, que los propietarios también podrían haber cometido delitos de falsedad documental, maltrato animal y contra la salud pública por registrar fechas de nacimientos y muertes del ganado diferentes a las reales, así como por declarar madres de becerros que no lo eran, arrancar crotales identificativos de unos 60 becerros rajándoles las orejas y transportar el ganado sin guías de traslado y sanidad animal a otra explotación ya inmovilizada de Extremadura sin contar con las garantías necesarias y obligatorias que certificaran que los animales se encontraban libres de enfermedades infecciosas y de declaración obligatoria.

Por todo lo descrito, los cuatro propietarios han sido puestos a disposición judicial en calidad de investigados, propuestos para varias sanciones administrativas. Además, todo el ganado ha sido inmovilizado para evitar que entraran en la cadena alimentaria sin la correspondiente trazabilidad, lo que supone un grave riesgo a la salud pública.